<h1>Mas pidió al juez declarar por el 9-N once días antes del 27-S</h1>

La teoría de la conspiración que el nacionalismo ha hecho planear sobre la imputación del presidente de la Generalitat, Artur Mas, inmediatamente después de las elecciones tiene una explicación mucho menos romántica. Durante la pasada campaña electoral, sus propios abogados pidieron al Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) que adelantara la citación del president a la de varios testigos que estaban previstos, ya que de esta forma se «hacía valer el derecho de defensa», según ellos, de los imputados.

Sobre su inculpación, Mas presumió ayer de haber sido «democráticamente rebelde ante el Estado por poner las urnas», aunque negó haber cometido un delito de desobediencia. Además, dijo que las querellas por el 9-N «están superadas desde el punto de vista político» por la movilización del 27-S.

Esta petición de comparecer del propio Artur Mas chocaría con el argumento de que se trataría de una decisión ajena al proceso judicial. En este sentido, el portavoz de Convergència en el Congreso, Pere Macias, apuntó que la citación de Mas respondía a una persecución política para descabalgar al ganador de las elecciones del 27 de septiembre, mientras que el coordinador general de la formación, Josep Rull, afirmó que su imputación afecta «a la dignidad de todo un país». Incluso Mas en persona aseguró ayer en una entrevista a Catalunya Ràdio que no tiene «ni vocación de mártir ni de héroe», sino que es un «modesto servidor» que acudirá a declarar el 15 de octubre tras participar en el homenaje al ex presidente Lluís Companys, fusilado ese día hará 75 años. Seguir leyendo...