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dilluns, 28 de novembre de 2016

La presunción de inocencia y la Inquisición mediática

Alexis de Tocqueville dijo que la libertad de expresión es tan importante que hay que tolerar sus excesos. Sin embargo, el poder que tienen hoy los medios de comunicación -los convencionales y las redes sociales- es algo mucho peor que un exceso: es la pena de muerte civil -y a veces incluso física- para todos aquellos que son víctimas de su voracidad.

La democracia se fundamenta en la limitación de los poderes y en el equilibrio entre los mismos, ya sean poderes institucionales o contrapoderes. Con las nuevas tecnologías, los medios se han convertido en un poder orwelliano omnipresente, especialmente en las redes sociales en las que ni siquiera existen los frenos y la contención que establece la muy deteriorada ética de la profesión periodística.

El periodismo moderno, que avala en la práctica la confusión entre hechos y opiniones tras haber decretado la muerte de la objetividad factual, es fundamentalmente de izquierdas. La derecha mediática es minoritaria, por no decir residual. Igual pasa en la ciencia, que es territorio comanche para la derecha. Es por ello que, tanto en ciencia como en periodismo, la supuesta amenaza conservadora es prácticamente irrelevante.

Hay que volver, pues, al deslinde clásico entre información (hechos) y opinión (interpretación). Hay que garantizar, si hace falta penalmente, la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, sea cual sea su posición social o institucional. Hay que dejar de confundir la libertad de expresión -con todos sus legítimos excesos- del derecho a la información -veraz, contrastada y no ideológica- como derecho del ciudadano y no como privilegio del periodista.

Reconozco, como periodista, que hacer eso es muy difícil, por no decir imposible. A pesar de que seamos el tercer país del mundo con mayor libertad de expresión, la derecha sigue acomplejada ante la izquierda en estos temas y siempre acaba por no hacer nada. Sin embargo, es necesario y urgente abordarlo sin mayores dilaciones.

El linchamiento mediático del adversario político, convertido en enemigo, debe terminar. O los medios revisan sus códigos deontológicos y los aplican a rajatabla o el Estado -del que soy tan poco amigo- debe legislar al respecto. Sin miedo y sin complejos. Lo que está en juego no es la libertad de expresión e información, como dirán a coro los supuestos afectados, sino el derecho de los ciudadanos a no ser juzgados y sentenciados por una Inquisición mediática siempre impune y con más privilegios que los aforados políticos a los que tanto critican.

No todo vale para tener más audiencia o para hacer la revolución pendiente.

Todos los sistemas que han subido impuestos en la Eurozona para “garantizar las pensiones” han logrado lo contrario

En España un pensionista medio cobra unos 970 euros al mes, más que en Finlandia (495 euros), Dinamarca (538 con un complemento que incluso así la hace inferior a la española), Irlanda (589) o Reino Unido (587 euros), incluso que Austria (953 euros), Francia (entre 700 y 800 euros), Holanda (900) o Bélgica (878). La media del conjunto de países europeos es 812 euros mensuales. No solo en media, sino en mínima, que supera también a Austria, Dinamarca, Reino Unido y Portugal. Con costes de vida, en todos los casos mencionados, muy superiores a España.

Tenemos un sistema de pensiones generoso. Las nuevas pensiones de jubilación del Régimen General han alcanzado los 1.500 euros, lo que significa el 93% del salario medio en España. España tiene la segunda mayor tasa de reemplazo de la OCDE (el porcentaje del último sueldo cobrado que se convierte en pensión). Superior al 80%, frente al 52% de media de la OCDE, el 55% de Francia o el 37% de Alemania. Así que, sepan Vds. que los que quieren “equiparar” a Europa lo que esconden es un recorte de las pensiones con el cuento social.

El sistema de pensiones en España se hace insostenible con la destrucción de empleo, y ese destrozo no se cubre con impuestos. La principal causa del déficit actual de la Seguridad Social son los 3,3 millones de empleo destruidos. Casi el 70% del deterioro neto del sistema durante los años 2009-2013, se debió exclusivamente a la reducción de ingresos por cotizaciones derivada del aumento del paro negando la crisis.

Ese deterioro, que dejó un déficit en 2011 de 7.705 millones de euros y que ya es de 17.000 millones no se cubre con impuestos. El efecto recaudatorio de las medidas que proponen los intervencionistas no llegaría ni de lejos a un 30% del déficit. Eso si nos creyéramos las estimaciones de ciencia ficción y que no tuviera un efecto negativo en inversión, empleo y crecimiento.

La reforma laboral no es la causante del déficit, es la solución. En 2011, por cada nueva pensión se perdían 3 afiliados. En lo que llevamos de 2016, por cada nueva pensión se crean 7 empleos. El sistema ya era deficitario en 2010-2011. Se han recuperado 1.660.000 de los afilados destruidos durante la crisis, la mitad del empleo perdido.

Además, los ingresos por cotizaciones efectivas han aumentado entre 2013 y 2016. Lo que ha caído en los ingresos de la Seguridad Social es la partida de “otros ingresos” (fuente IGAE vía Ángel Martínez Jorge). -La recaudación líquida total de la Seguridad Social ya crece a una tasa anual acumulada del 3,82%, superior a la tasa de afiliación y al PIB nominal.

(...)

Curiosamente, todos los sistemas que han acudido a las subidas de impuestos en la Eurozona para “garantizar las pensiones” han conseguido lo contrario. Francia tiene un déficit superior a 10.000 millones de euros y lleva recortando pensiones desde que instauró la subida de cotizaciones sociales y el “impuesto solidario”. La última, el año pasado. Francia tiene una pensión mínima, media y máxima inferior a la española y una tasa de reemplazo mucho más baja. Y, por supuesto, lleva más de dos décadas en estancamiento.

Al final, los mismos que se arrogan la etiqueta de “social” y de defensores “de lo público” son los que lo hacen insostenible y lo destruyen.

Orientar el sistema español a un sistema mixto de reparto y capitalización, como tienen en Suecia y los países nórdicos y de Centroeuropa, no es “liberal”, es lógico. El impacto demográfico -vivimos más, tenemos menos hijos- no se solventa subiendo impuestos, sino aumentando el empleo, atrayendo más empresas e inversión y mejorando la productividad. A impuestazos y políticas inflacionistas solo perpetuamos el desempleo y hundimos el poder adquisitivo de las pensiones. Luego, eso sí, le echarán la culpa a cualquier enemigo exterior. | Daniel Lacalle
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