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dijous, 13 de juliol de 2017

Si tan seguros dicen estar de la legalidad de su ley de transitoriedad jurídica ¿de qué tienen miedo?




Carta de un ex conseller

Desde el ataque de sinceridad que terminó costándole el cargo al Conseller Baiget, sabemos que los miembros del Gobierno y algunos altos cargos de la Administración catalana sufren por sus patrimonios particulares. Un sufrimiento que, al parecer, se lleva en silencio y que se fundamenta en las reiteradas advertencias que tanto el Gobierno central, como la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas, hacen a cada paso del anunciado Referéndum del próximo 1-O.

El miedo es legítimo, se han apresurado a decir públicamente diferentes miembros del Gobierno y del PDCAT, sin darse cuenta de la profunda contradicción en la que caían haciendo esta afirmación. Si los Consejeros y, por extensión, los altos cargos implicados confiaran de verdad en la ley llamada de transitoriedad jurídica que el soberanismo impulsando desde desde el Parlamento (o desde el Teatro Nacional), no deberían temer por sus patrimonios. Cuesta creer que el legislador, a la hora de proveer seguridad jurídica, se haya olvidado de los honorables miembros del Gobierno, ¿no? Así las cosas, nace una pregunta inquietante: ¿qué tipo de seguridad jurídica aporta la ley llamada de Transitoriedad al Proceso, cuando los mismos miembros del Gobierno no se consideran suficientemente amparados? O, peor aún: a la vista del escaqueo de medio Consejo Ejecutivo en todo lo que hace referencia a los preparativos del 1-O, ¿como pretende el Gobierno que los funcionarios se crean que esta ley los ampara y protege?

Cuando los miembros del Consejo Ejecutivo expresan sus miedos, conscientemente o no, están señalando con total nitidez que la legalidad que proporciona verdadera seguridad jurídica es la que se enmarca dentro del ordenamiento jurídico Constitucional al ser esta la única legalidad posible.

A estas alturas del Proceso, todo apunta a que estamos ante una monumental tomadura de pelo y de un irresponsable ejercicio de improvisación. En el capítulo de las contradicciones, si bien en un ámbito muy diferente, estos días hemos asistido a la celebración de una fructífera Junta de Seguridad de Cataluña para la que hay que felicitar al Gobierno. Estaría bien, sin embargo, que alguien nos explicara porque nuestro Gobierno, que dice querer irse de España, vincula más estrechamente nuestra Policía a los organismos estatales. A veces, los misterios del Proceso son inescrutables.

Este artículo (original en catalán, aquí) ha sido enviado a e-noticies por un ex consejero de la Generalitat que prefiere mantener el anonimato. Traducido por @CatalanAnalyst








El Gobierno catalán al borde de la implosión

La organización del referéndum del 1 de octubre ha colocado al Govern de Catalunya al borde de la implosión. La tragedia se viene mascando desde hace algunas semanas. Algunos miembros del PDECat en el Ejecutivo catalán están dispuestos a que el 1-O acabe con su carrera política, pero no a que se lleve por delante su patrimonio y, por tanto, el de sus familias. Y ello, para colmo, sin haber participado directamente de las decisiones y con la sensación de que el balance de daños en el flanco de ERC es mínimo. El ambiente en el seno del Govern es asfixiante: suspicacias entre compañeros de gabinete, temores expresados a medias por miedo al apelativo de traición y sospechas de escuchas telefónicas que llegan a la paranoia aunque quizá tengan alguna base real.
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Las direcciones de los partidos políticos catalanes trabajan ya en la preparación de la campaña para las elecciones que se convocarán después del reconocimiento público del fracaso del referéndum y que se celebrarán, muy probablemente, durante el primer trimestre del próximo año.




La autoafirmación de la UB como Universidad del régimen

TERESA FREIXES.- ¿Está tan falta de principios nuestra universidad, que necesita, parafraseando a Heidegger, autoafirmarse como universidad del régimen? No le basta con buscar la excelencia científica, con intentar ser puntera en docencia e investigación, con tener los mejores proyectos y convenios, no. No le basta. Necesita autoafirmarse, en el mejor sentido del concepto, como universidad que está en la línea política del régimen secesionista.

Ayer lo ha hecho la de Barcelona, mediante una votación en el Consell de Govern, que ha originado que el voto de 24 personas a favor del ‘Pacte Nacional pel Referéndum’ esté condicionando la posición de más de 60.000 en relación con la realización de un referéndum declarado contrario a la Constitución por el propio Tribunal Constitucional. Cierto que la victoria ha sido pírrica, porque 17 de los miembros presentes no se han adherido al mismo y, conociendo el ‘ambiente’ de estos conciliábulos, tengan Vds. por seguro que se trata de votos del mayor valor resistente. Lo cual no es de menor importancia.

Lo hicieron en semanas anteriores la de Girona, la Rovira i Virgili y la Pompeu Fabra (que yo recuerde), también muy doctas ellas en adhesiones. Y siempre con la misma táctica: decide el Consell de Govern u órgano similar, que ahí es mucho más fácil de contar con los adeptos a los que previamente ya se han preocupado de situar. Es muy fácil, realmente, tener mayoría de votos en un Consell que representa, mediante un sistema que combina la ‘digitalidad’ con la ‘representatividad’, a decenas de miles de personas. Hoy el voto secesionista no ha llegado, por uno, ay!, a la mayoría absoluta de los 50 miembros que componen el Consell de la UB, pero como se decide por mayoría de los presentes… Así, con estos órganos universitarios, se puede llegar a declarar, si conviene, la posesión de la inmortalidad, e incluso creérsela, puestos a hacer actos de fe.
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