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dissabte, 25 de març de 2017

60 años del Tratado de Roma y con Europa sin terminar





EU60 Discursos de Gentiloni, Tajani, Muscat, Tusk y Juncker



dijous, 23 de març de 2017

La mortalidad de estadounidenses blancos de mediana edad no hispanos ya supera a la de los negros




THE WALL STREET JOURNAL.- In 2015, two Princeton University economists published a landmark paper showing that mortality was rising for white middle-aged Americans after decades of decline, a startling development for an economically advanced nation.

Now a new analysis from the same pair, released Thursday by the Brookings Institution, paints an even bleaker picture of the nation’s largest-population group.

Mortality has been rising since the turn of this century for an even broader swath of white adults, starting at age 25, the researchers found, driven by troubles in a hard-hit working class. Death rates for white non-Hispanics with a high-school education or less now exceed those of blacks overall, the pair said—and they’re 30% higher for whites age 50 to 54 than for blacks overall of that age.

Blacks have long had a much higher death rate than whites, but that rate has dropped steeply since the beginning of this century, while the rate for whites has crept up.
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"¿Dónde están vuestros judíos?"




EL MEDIO.- Memorable intervención de Hiller Neuer, director ejecutivo de UN Watch, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el pasado lunes, denunciando el doble rasero israelófobo de “los peores violadores mundiales de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres; de la libertad de credo, de prensa y de reunión”.

En un momento dado, se encaró directamente con los representantes de algunos países del mundo árabe-musulmán que estaban lanzando a Israel muy graves acusaciones, entre las que se contaba la de ser un Estado que practica el apartheid:

Israel tiene 1,5 millones de árabes, y, con independencia de los desafíos que afrontan, disfrutan de pleno derecho al voto y a ser elegido [representante de la ciudadanía]; trabajan como médicos y abogados, sirven en la Corte Suprema.

Ahora quisiera preguntar a los miembros de esta comisión, (…) a los Estados árabes a los que acabamos de escuchar. A Egipto, Iraq y el resto:

¿Cuántos judíos viven en vuestros países? ¿Cuántos judíos viven en Egipto, Irak, Jordania, Kuwait, el Líbano, Libia, Marruecos?

Hubo un tiempo en que el Medio Oriente estaba repleto de judíos.

Argelia tenía 140.000 judíos. Argelia, ¿dónde están tus judíos? Egipto tuvo 75.000 judíos. ¿Dónde están tus judíos? Siria, antes tenías decenas de miles de judíos. ¿Dónde están tus judíos? Irak, tú tenías cerca de 135.000 judíos. ¿Dónde están tus judíos?




Cataluña: hacia otro 'coitus interruptus'













Buscando el paraíso desesperadamente









dimecres, 22 de març de 2017

Documentos de inteligencia confirmarian que Trump y su equipo fueron espiados antes y después de las elecciones




Chairman of the United States House Permanent Select Committee on Intelligence, Devin Nunes, disclosed in a press briefing today that intelligence documents confirm that Trump and his team were victims to 'incidental' surveillance, both before and after the elections.

Rep. Nunes, said he was 'alarmed' by these new facts and would discuss them with his colleague, Rep. Schiff. What of extreme interest to note is the fact that the intelligence, according to Nunes, was of the foreign varietal -- which then later made its way into American intelligence briefings. Several weeks ago, White House press secretary, Sean Spicer, suggested that British Intelligence (GCHQ) had been asked by President Obama to spy on Trump, as a way around American surveillance laws.

Sean Spicer said his source for the GCHQ claim was none other than Judge Napolitano, who was recently suspended by Fox was pushing the narrative.

Judge Nap's source was former intelligence official, Larry Johnson, who said in an interview on CNN: “when Donald Trump tweeted what he did on Saturday two weeks ago, the next day I was interviewed on Russia Today. Now I had known about the fact that the British, through GCHQ, were passing information through back channels. This was not being done at the direction of Barack Obama, let’s be clear about that. But it was being done with the full knowledge of people like [former CIA director] John Brennan and [former Director of National Intelligence] Jim Clapper. And I had been told this by two different people I know within the intelligence community in January. They were very concerned about this because they saw it as an unfair meddling into politics. But it was a way to get around the issue of American intelligence agencies not collecting.”

Nunes during presser:
“I have seen intelligence reports that clearly show that the president-elect and his team were, I guess, at least monitored,” Nunes told reporters.

“It looks to me like it was all legally collected, but it was essentially a lot of information on the president-elect and his transition team and what they were doing.”

"I want to be clear, none of this surveillance was related to Russia or the investigation of Russian activities or of the Trump team,"

Reporter: 'Do you think right now the NSA was spying on Trump during transition?"

Nunes: (audible laughter) "I guess that all depends on one's definition of spying..." | ZERO HEDGE








dimarts, 21 de març de 2017

¿No era lógico pinchar el teléfono de Trump si se creía que conspiraba con Rusia para derrotar a Hillary?




El increíble director del FBI, James Comey, ha declarado dos cosas tan importantes como obvias en su última comparecencia: que está investigando los vínculos entre la campaña presidencial de Trump y el gobierno ruso y que no tiene dato alguno que apoye los tuits de Trump acusando a Obama de pincharle el teléfono.

Estas declaraciones, de gran efecto mediático, parecen ser mucho más de lo que son en realidad. Que se abra una investigación oficial en la Comisión de Inteligencia del Congreso sobre acusaciones tan graves como la interferencia electoral rusa es algo totalmente lógico. Lo raro es que no se hubiese hecho antes para conocer los derroteros de las investigaciones llevadas a cabo por el FBI que, según Comey, se remontan a finales de julio de 2016. En lo referente a las escuchas telefónicas a Trump, lo único que realmente ha dicho Comey es que no tiene ninguna prueba que avale que Obama las ordenó.

Si queremos orientarnos en la maraña de verdades, mentiras y especulaciones que se han esparcido urbi et orbe al respecto hay varias cosas que se deben deslindar y conocer:
1.- La corte de FISA [es un tribunal especial creado por una ley de 1978 que permite espiar a agentes extranjeros sospechosos, pero en ningún caso a ciudadanos estadounidenses] denegó el permiso a la Administración de Obama para espiar la campaña de Trump en julio del año pasado, pero APROBÓ OTRO EN OCTUBRE. ¿Quién específicamente la pidió y por qué causa? Nos imaginamos que por los contactos con los rusos. Pero ¿qué se supo? Nadie lo sabe en detalle por ahora. De todas formas, la Administración de Obama tuvo permiso para escuchar a los miembros de la campaña de Trump. Su tuit de haber sido espiado por Obama no es tan descabellado, aunque sí arriesgado e irresponsable sin tener certeza.

2.- ¿No nos reveló Snowden que la NSA ha escuchado los teléfonos de Angela Merkel y otros 35 de líderes extranjeros? Queda claro que Obama no era precisamente tímido a la hora de pinchar teléfonos de aliados. ¿Y ahora tenemos que creer que definitivamente no lo hizo con los de los enemigos políticos?. Uno tiene que tener muchísima fe para creer en el respeto a la legalidad de Obama, que ha sido el presidente que más veces ha violado la Constitución.

3.- Tres semanas antes de salir Obama de la Casa Blanca, dio un permiso a 16 agencias de seguridad para compartir información de la NSA. Y ello significa que lo que antes se filtraba y se daba a cada agencia la información que necesitaba, ahora TODAS las agencias tienen acceso a TODA la información sin filtros. ¿Por qué y para qué hizo Obama ese cambio tan impactante unos días antes de marcharse? No hay forma que Trump elimine a todos los empleados/agentes adeptos a Obama y esa es una de las explicaciones por las que ha habido tantas filtraciones con tono negativo para Trump en los medios.

4.-El New York Times publicó que el General Flynn tuvo conversaciones telefónicas con los rusos. ¿Cómo se enteraron los del NYT y quién les proporcionó esa información? Por lo que se ha explicado, ésto es un acto ilegal el cual los medios esquivan . A consecuencia de esta y otras publicaciones al respecto y la falta de honestidad de Flynn con el vicepresidente Mike Pence, el general tuvo que dimitir.

5.- El admirado juez retirado y comentarista de FOX, Andrew Napolitano, gran defensor de las libertades del individuo declaró en la TV que tres fuentes le dijeron que la agencia de espionaje inglesa, GCHQ, la cual tiene acceso total a los métodos de la NSA, espiaron los teléfonos de Trump de forma digital por petición de agentes de Obama para que no hubiera ningún registro, ni huella de que Obama dio la orden. Ahora, la NSA, el FBI y la GCHQ niegan categóricamente haber hecho semejante cosa. Y el juez Napolitano, un hombre que ha sido considerado para la Corte Suprema ¿se va a jugar su carrera y su credibilidad mintiendo de esa forma? ¿Para ganar qué? Y acaba de ser despedido hoy por FOX debido a esas declaraciones de hace unos días.

Lo más sorprendente del caso es que entre los aludes de documentos filtrados hasta la fecha no haya ninguno que evidencie la connivencia de Trump con Rusia para alterar el resultado electoral. Más aún, el mismo Comey ha dicho ante la comisión que Rusia no daba dos centavos por la victoria de Trump y la habían descartado. Así las cosas, el único dato público y notorio de interferencia electoral es el que protagonizó el increíble director del FBI al reabrir la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton una semana antes de las elecciones. ¿A qué jugaba y a qué juega ahora Comey?

En esta enfermiza historia, la única sospecha que se tiene en pie es que todo sea mentira. ¿O es que no se habría ordenado pinchar el teléfono de Trump de haber existido la sospecha fundada de que el candidato republicano conspiraba con Rusia para derrotar a Hillary?

(Entrada actualizada el 22/03/2017)







dilluns, 20 de març de 2017

'Parem el cop!'



Cada vegada més catalans surten al carrer per dir NO al cop de força que els independentistes preparen parapetats darrera les institucions constitucionals d'autogovern, que son de tots pero que ells utilitzen només en benefici propi.

La legalidad a la carta de Puigdemont y Junqueras


En un artículo firmado conjuntamente y publicado en el diario El País, el presidente catalán, Carles Puigdemont, y su vicepresidente, Oriol Junqueras, proponen acatar la legalidad británica y no la española porque aquélla les favorece. Esta es su gran aportación a la ciencia política: 'sólo aceptaré la legalidad que me convenga'.

Siguen, pues, fuera de juego de la legalidad constitucional española. Una legalidad fruto del gran pacto democrático de la Transición. El texto constitucional -recordémoslo- fue aprobado en el Congreso de los Diputados por 325 votos a favor, 6 en contra, 14 abstenciones y 5 ausencias, y fue ratificado en referéndum por el 87,78% de los votantes españoles con una participación del 60%, siendo ambos porcentajes inferiores a los de Cataluña en donde el Sí obtuvo el 91% de los votos y la media de participación alcanzó el 68%.

Este fue el contrato democrático que firmaron los españoles el 21 de julio de 1978 en las Cortes y el 6 de diciembre del mismo año en referéndum. En esas firmas se fijaron las reglas del juego y las condiciones para cambiarlas. Esa es la legalidad que Puigdemont y Junqueras y todos los españoles deben acatar. Romperla por la fuerza, con o sin subterfugios escoceses, no será una acción democrática sino un vulgar, racial, machote y casposo golpe de estado.


Texto del artículo de Puigdemont y Junqueras:
El Gobierno de Reino Unido y Escocia pactaron un referéndum. La pregunta, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Electoral de Reino Unido, fue: “¿Debería Escocia ser un país independiente? Sí o no”. Sin más. Hubo acuerdo porque hubo voluntad política de convocar y permitir el referéndum. No se dejó en manos de tribunales lo que se pudo resolver políticamente. Y todo parece indicar que Escocia y Reino Unido volverán a pactar la celebración de un nuevo referéndum de independencia. El segundo en tres años. No está mal para algo que en España no puede ni tan solo formar parte de una mesa de diálogo entre los Gobiernos español y catalán.

Pactar la forma de resolver las diferencias políticas siempre une. Las diferencias sólo separan y dividen si no se quiere acordar la forma de resolverlas; las diferencias son consustanciales en la sociedad democrática, no son negativas, hay incluso que tratarlas con delicadeza si se trata de diferencias cuya defensa es más difícil y comprometida. Ahí es donde la democracia se robustece y se afianza ante la pulsión populista y simplona de resolver la diferencia mediante la prohibición, los muros y la discriminación. Señalar al diferente como amenaza, como elemento de división de una sociedad que vivía tan tranquila en sus sagradas e inquebrantables certezas, es, aparte de terriblemente injusto, un grave obstáculo para la búsqueda de soluciones.

Como consecuencia del acuerdo entre Escocia y Reino Unido se produjo un amplio debate, un debate de ideas. Finalmente, una mayoría de escoceses optó por el no, de acuerdo con las tesis del Gobierno de Londres. Fue así, sin más. La vida siguió en Escocia y en Reino Unido, como hubiera seguido con la victoria del sí. El referéndum de independencia contó con una participación récord del 84,59%, 12 puntos más que en el referéndum del Brexit, que fue del 72,2%, una cifra que se consideró un hito puesto que era la más elevada en una votación en los últimos 25 años. Estos datos describen algo muy relevante que deberían anotar quienes acusan a los partidarios de cambios como una especie de agentes al servicio de la división de la sociedad: los campos separados en una disputa democrática se unen sin ningún género de dudas en las urnas. Insistimos: no separan las diferencias, lo que separa es la ausencia de acuerdo para resolverlas.

En consecuencia, el escenario del referéndum acordado es el que desearíamos en Catalunya. Queremos recordar que lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones. Hoy, pese a los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno español, volvemos a insistir en ello. Tal vez sea injusto atribuir al presidente Rajoy, a su Gobierno y a su partido esa actitud en exclusiva. Observamos con pena y tristeza que esa misma posición, sin ningún tipo de matiz, la comparten PP, PSOE y Ciudadanos.

Así las cosas, parece bastante indiscutible que la actitud del Gobierno catalán y del Parlament de Catalunya se asemeja a la posición escocesa (dialogar y acordar un referéndum), pero que la actitud del Gobierno español y las Cortes Generales no se parece en lo más mínimo a la del Gobierno y el Parlamento británicos. No sólo hay una preocupante ausencia de voluntad de diálogo, sino que camina en la dirección exactamente inversa: querellas, judicialización de la política, guerra sucia, amenazas de uso de medidas excepcionales, etcétera. Y ya hay los primeros resultados: primeras condenas de inhabilitación a cargos públicos para el presidente Artur Mas y las consejeras Ortega y Rigau, mientras se está a la espera de la sentencia contra Francesc Homs. Todos ellos por haber cometido el delito de dar voz a los ciudadanos.

En sintonía con la voluntad de Gobierno, Parlament y sociedad, se ha puesto en marcha en Catalunya el Pacto Nacional por el Referéndum, del que participa una pluralidad aplastante de la sociedad catalana, incluidos agentes económicos y sociales. Sondeos de todo tipo y procedencia señalan que alrededor del 80% de los catalanes querrían ser consultados acerca del futuro político de Catalunya en relación con España. El Pacto tiene como propósito reiterar la voluntad de celebrar un referéndum, acordado, como prioridad. Tal vez alguien nos considere ilusos. Es mejor ser iluso que irresponsable, es mejor esforzarse para hallar soluciones que optar por no desgastarse y hacer del quietismo virtud.

Si se mantiene el rechazo frontal no es ninguna sorpresa que reiteremos que no vamos a renunciar a ejercer ese derecho. Vamos a hacer lo indecible para que los ciudadanos de Catalunya puedan votar en 2017, en un referéndum de autodeterminación. Estamos en esto por convicción y compromiso, rindiendo cuentas ante los electores. Y no se nos ocurre pensar que el futuro de Catalunya no lo van a decidir sus ciudadanos y sí el Gobierno español. El mismo Gobierno que, con su habitual proceder, ha logrado un hartazgo muy mayoritario en la sociedad catalana, incluso en sectores que no comparten, muy legítimamente, que Catalunya se convierta en un Estado independiente.

El Estado ha abandonado a todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia, pero aman a Catalunya como el que más y sufren, por tanto, cuando su país sufre. Que no sean independentistas no significa que la desatención de Catalunya no la sientan profundamente y paguen también las consecuencias. El Estado ha abandonado también a los catalanes que hubieran querido ver en el español aquel Estado propio que no es ajeno a sus demandas. Y para esos catalanes y también para todos los demás, el Gobierno de la Generalitat va a poner las urnas. Que decidan. Es su derecho, y lo van a ejercer.

Hace tiempo que es la hora de la política. En Catalunya la hacemos, y seguro que no siempre lo hacemos bien. También hay que estar dispuesto a escuchar y hablar de ello. Sin embargo, otros han decidido delegar en los tribunales su responsabilidad política. Se esconden detrás del Constitucional, de la Audiencia Nacional y del Supremo, comprometiendo la labor y la independencia del poder judicial. Europa ya se ha percatado de ello y ha mostrado sin ambigüedades su preocupación por esa deriva que compromete seriamente un poder fundamental para la salud del Estado de derecho, como se desprende del reciente informe de la Comisión de Venecia. Y se escuchan voces del exterior cada vez más claras abogando por un diálogo político y una solución política. Como el informe de la Fundación Konrad Adenauer. O como el propio Parlamento británico, donde se ha formalizado un Grupo de Discusión sobre Catalunya en el que participan miembros de todos los partidos. Algo, por cierto, que es posible en Westminster y no en las Cortes.

Hace pocos días, en Madrid, un veterano demócrata español como Antonio Garrigues Walker recordaba algo con lo que estamos de acuerdo los demócratas en general, partidarios o contrarios a la independencia: en democracia no existe el derecho a no dialogar. Nosotros ya estamos sentados en la mesa del diálogo. ¿Van a tardar mucho los demás invitados? Es más: ¿van a venir? Cuando sea demasiado tarde, por favor, no nos miren a nosotros. Sean, por una vez, tan exigentes, críticos e implacables con sus gobernantes inmóviles como lo han sido con nosotros todos estos años en que desde el rechazo a la sentencia contra el Estatut hemos consolidado una amplia mayoría favorable a que los catalanes decidan su futuro en referéndum.

Carles Puigdemont es presidente de la Generalitat de Cataluña y Oriol Junqueras vicepresidente



divendres, 17 de març de 2017

La estrategia de Erdogan para Europa empieza en Holanda




The municipality of Amsterdam once had a fight with the Turkish Milli Görüs over the height of a minaret. The Turks wanted it 42 meters high, the Dutch were not willing to have it rise above 34. A compromise was found at 40. Milli Gorus was founded by former Turkish Prime Minister Necmettin Erbakan and it is one of the bastions of power of President Recep Tayyip Erdogan. It is one of Erdogan’s “long-reaching arms”, as defined in a report by the Center for Freedom in Stockholm. The Ankara authorities control half of the 500 mosques in the Netherlands.

In the last few days, the “war” between Turkey and the Netherlands has been fought over Turkish ministers who have been barred from holding campaign rallies in Holland. It is the culmination of a year of tensions. The vast majority of the Turkish community in the Netherlands is composed of Erdogan’s supporters and these are ready to resort to any method, including violence.

Erdogan tried to intimidate the freedom of expression of Dutch journalists. He ordered the arrest of Ebru Umar, A Turkish-Dutch journalist who has mocked him on Twitter. Then he tried to sue the De Telegraaf, which published a cartoon of Erdogan as a monkey crushing freedom of speech. And Erdogan’s lawyers have sought to prosecute the comedian Hans Teeuwen, a friend of the slain filmmaker Theo van Gogh, who on radio mocked “the Sultan”. Janny Groen of the Dutch newspaper De Volkskrant reports that Erdogan’s Turkish opponents in the Netherlands are intimidated: “Alevis, Kurds, Turks, seculars and followers of Fethullah Gülen."

The Hizmet movement, accused by Erdogan of being behind the failed coup, has come under attack in the Netherlands. In Eindhoven, an educational center was stoned. Molotov cocktails were thrown at a Turkish foundation in Apeldoorn. The imam Necmi Kaya, who preached for thirty years in the Dutch city of Haarlem, was almost lynched during a visit at the Dutch Selimiye Mosque, under the control of the Turkish Ministry of Religious Affairs.

Journalists of the Zaman Vandaag group, adverse to Erdogan, are called “CIA agents” and threatened. Including the editor, Mehmet Cerit, who requested protection from the Dutch police. A well-known Turkish imam, Halil Celik, said to Cerit that he is ready to “die” for Islam, but also to “kill”.

And then the calls to boycott Turkish companies in the Netherlands owned by Erdogan’s critics. The police department of Rotterdam had to create an ad hoc unit to monitor such cases following the failed coup. Mustafa Ayranci, head of the union of Turkish workers in the Netherlands, said: “People are afraid, like in a tyranny. ‘Who will denounce me?’ they ask."

There was the scandal caused by the Turkish consul in Rotterdam, Sadin Ayyildiz, who secretely asked the Dutch Turks to denounce Erdogan’s critics. Two days later, a Turkish owner of a company, Ali Ekrem Kaynak, was beaten in Amsterdam.

In December, it was discovered that the head of the Religious Affairs unit at the Turkish embassy in The Hague, Yusuf Acar, was spying on behalf of Erdogan. 145 Turkish mosques in the Netherlands are off-limits to many Turkish citizens. The Turkish officer had also drawn up lists of Dutch politicians: the Christian Democratic Party, for example, was accused of being a “Gulenist bastion."

Today's Turkish Sultan wants to subjugate, intimidate and ultimately Islamicize all of Western Europe. Holland is a good place to start. | GIULIO MEOTTI




dijous, 16 de març de 2017

Todo el mundo es de extrema derecha




Para los que no somos nacionalistas y creemos en el proyecto de unidad europea (no paneuropea), la victoria de Rutte en Holanda nos alegra, como nos alegraría la victoria de Macron en Francia. Pero eso no quiere decir que consideremos que Wilders o Marine Le Pen sean la extrema derecha, es decir que sean nazis o fascistas.

Creer eso no es sólo banalizar el nazismo y el fascismo sino cometer un grave error político que puede hacer que el tiro nos salga por la culata. Esa amalgama política que llamamos populismo es sobre todo un nacionalismo proteccionista renacido del miedo. El miedo a la inseguridad, el miedo a la precariedad, el miedo a la pérdida de identidad, el miedo a un mundo que ya casi no reconocemos debido a una revolución tecnológica que solo acaba de empezar.

Esos miedos, a veces exagerados, responden a problemas reales. Y lo peor que podemos hacer es ignorarlos o despreciarlos como producto de ideologías reaccionarias.  Los optimistas dirán que Holanda ha derrotado la amenaza populista y que Francia le dará la puntilla si el FN queda fuera de la presidencia en la segunda vuelta.

Sin embargo, si alguna cosa significa el resultado de ayer es tan sólo que la amenaza populista y euroescéptica ha sido exagerada, especialmente por la izquierda y los medios de comunicación. Tras la crisis política, financiera y económica había que buscar un enemigo a batir, que permitiese cerrar filas en la defensa del statu quo europeo. Aprendices de brujo, ahora respiran tranquilos queriendo creer que de la misma manera que se hinchó la amenaza ahora pierde fuelle.

Pero no. La amenaza populista no ha desparecido. Ha llegado para quedarse y lo hará durante bastante tiempo. Y para evitar que prospere, el discurso del miedo servirá cada vez menos. Como tampoco servirá adoptar sus propuestas simpáticamente maquilladas. Tendremos que afrontar los problemas reales que encarna y ofrecerle respuestas alternativas convincentes. Respuestas al nacionalismo y al proteccionismo decimonónicos que sirvan para la nueva era digital que acaba de nacer.


Trump aplicará el mayor recorte de gasto desde la II G.M.



Líneas maestras del primer presupuesto de Donald Trump






Felipe chantajeó al Rey en 1990 para que no hablase de corrupción en su discurso de Navidad




Leer aquí el artículo completo publicado por ok diario





dimecres, 15 de març de 2017

El día en que el secesionismo quedó jurídica y políticamente derrotado por el TC y la Comisión de Venecia




Extractos del artículo de TERESA FREIXES, catedrática de derecho Constitucional y catedrática Jean Monnet ad personam, miembro de la Real Academia Europea de Doctores, publicado hoy en Economía Digital

La fecha del 13 de marzo de 2017 pasará a la historia como la del día en que el secesionismo quedó jurídica y políticamente derrotado debido a, por una parte, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la que se inhabilitó temporalmente a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau para ocupar cargos electos y gubernamentales y, por otra parte, al espaldarazo que recibió la reforma de la ley orgánica del tribunal constitucional, en la que se introdujo el incidente de ejecución de resoluciones, por parte de la Comisión de Venecia. En ambos casos una lectura superficial, como algunos han realizado, podrían sugerir que el secesionismo no quedaba tan mal parado, puesto que la inhabilitación ordenada por el TSJC era sensiblemente inferior a la solicitada por la fiscalía y la condena se producía sólo por desobediencia y no por prevaricación y porque la Comisión de Venecia introducía en su dictamen ciertas opiniones respecto de la nueva redacción de la LOCT.

(...) el TSJC afirma rotundamente en los fundamentos jurídicos de su sentencia que, lejos de poder contraponer ley con democracia, “la democracia se basa no sólo en la división de poderes sino en la sumisión de todos al imperio de la ley y al cumplimiento de las resoluciones judiciales”. Señala, además, contra continuada afirmación sobre la naturaleza política del Tribunal Constitucional que éste “ha sido configurado en el texto constitucional como un verdadero órgano constitucional que tiene conferido en exclusiva el ejercicio de la jurisdicción constitucional” y que sólo la ignorancia del carácter normativo de la Constitución permitiría considerar que el TC y sus resoluciones no tienen carácter judicial.
Frente a quienes discutían que una providencia del TC (la que fue desobedecida) tuviera carácter resolutorio vinculante, el TSJC, alegando bases jurídicas internas e internacionales, afirma que todas las resoluciones del Tribunal Constitucional, no sólo las sentencias, tienen “la consideración de títulos ejecutivos”, y ello “por autonomasia”.

(...) Es importante señalar aquí una cuestión más técnica, pero que tiene su importancia para entender por qué la sentencia recae sólo por desobediencia y no por prevaricación. El TSJC señala que se produce, en el caso, un concurso ideal de delitos ante una misma conducta que obliga a optar por uno solo de ellos, so pena de vulnerar la prohibición del bis in ídem (ser castigado dos veces por la misma conducta), De ahí que la condena sólo fuera por desobediencia, sin que se pueda considerar que ello ha tenido lugar por razones políticas como ciertos sectores sugieren.

Cambiando de tercio, y respecto del dictamen de la Comisión de Venecia sobre la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que introduce el incidente de ejecución de resoluciones en su artículo 92, posibilitando que en caso de resistencia al cumplimiento de las mismas pudieran adoptarse, como medidas cautelares, la suspensión temporal en el cargo público de la autoridad que así se comportara o la multa coercitiva hasta que se asegurara el cumplimiento íntegro de lo mandado, es necesario manifestar también que la argumentación realizada por la comisión es de suma importancia para asegurar, como no puede ser de otra manera, la eficacia del estado de derecho, puesto que ello constituye el objetivo primordial y primario de la propia Comisión. No en vano su denominación oficial es “Comisión Europea para la democracia a través del Derecho”.

Confunden, quienes han venido glosando a esta comisión sin conocer su naturaleza ni sus funciones y sin conocer el texto del dictamen adoptado en su reunión de los días 10 y 11 de marzo de 2017, hecho público el 12 por la tarde, opinión con información. Seguramente les pudieron las ganas, el servilismo o, a algunos, la falta de profesionalidad, cuando afirmaron, sin contraste alguno (imposible hacerlo sin el texto completo del dictamen), es decir, sin tener en cuenta que la Constitución (art. 20.1.d) exige veracidad a las informaciones, que Europa le había dedicado un varapalo a España por permitir la inhabilitación temporal o por imponer multas a los desobedientes.

Tuvieron sólo en cuenta, parcial e interesadamente, la nota de prensa emitida por la comisión, fundada sobre el resumen que consta en las conclusiones del dictamen, sin esperar a apreciar la fundamentación de las mismas que, detallada y argumentadamente, constan en el cuerpo del mismo. Lejos de desautorizar la regulación de la LOTC, la Comisión de Venecia se preocupa por reforzar la autoridad y ejecutividad de las decisiones del Tribunal Constitucional, afirmando taxativamente que éstas tienen carácter vinculante y que han de ser respetadas por todos los poderes públicos y por los particulares como consecuencia de la supremacía de la Constitución.

Como consecuencia, afirma la comisión, es necesario que si algún poder público rechaza ejecutar alguna resolución del TC, violando la Constitución y los principios del "rule of law", la separación de poderes y la leal cooperación, se configuren, con toda legitimidad, medidas para asegurar el cumplimiento de tales resoluciones. (...)

Lejos, pues, de un “varapalo” a la regulación española, el dictamen de la Comisión de Venecia refuerza la legitimidad de la regulación prevista en la LOTC. Incluso podríamos decir que considera que las medidas que contiene quedan cortas.

Leer el artículo completo, aquí



Así mintieron la gran mayoría de los medios de comunicación




dimarts, 14 de març de 2017

La contaminada sentencia del 9-N y el Estado benevolente

La sentencia desprende el aire contaminado del juicio político: cuando se sospecha que son los hechos los que han debido adaptarse a la sentencia y no a la inversa. Y supone un éxito notable para Mas y el resto de desleales. Obra el milagro de mantener viva la llama victimista al tiempo que demuestra hasta qué punto de eficacia ha llegado la intimidación nacionalista sobre el Estado democrático. | ARCADI ESPADA







La justicia europea avala el derecho de una empresa a prohibir el velo, la cruz o la kipá


Las empresas podrán imponer la neutralidad religiosa, pero también política o filosófica, a sus empleados 

dilluns, 13 de març de 2017

Sólo dos años sin Mas


Primer presidente de la Generalidad inhabilitado por 'pervertir' las reglas democráticas



Texto íntegro de la sentencia





Documentan el 'pucherazo' electoral que dio la victoria al Frente Popular en febrero de 1936

Tras cinco años de investigación, los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García documentan, casi voto a voto y por primera vez, las cifras del fraude en las elecciones de 1936. Según esas cifras, el Frente Popular no ganó las elecciones, ya que por lo menos 50 de los 240 diputados que obtuvo fueron fruto de un 'pucherazo'.

La cuestión es crucial porque la base de todas las versiones históricas y de las reclamaciones políticas realizadas por el antifranquismo se fundamentan en que las elecciones de 1936 fueron limpias y que de ellas salió un poder democrático, legal y legítimo, frente al que se sublevó el ejército de Franco.

Aunque siempre existió la sospecha de fraude -que ha sido apuntada no sólo por algunos historiadores sino incluso por Niceto Alcalá Zamora y con bastante cinismo por Manuel Azaña- nadie se había atrevido a meterse en el berenjenal de realizar un estudio en profundidad sobre lo que realmente pasó en esas elecciones. Probablemente porque se trata de un estudio complejo y técnicamente difícil, pero sobre todo porque era políticamente peligroso. No olvidemos que la mayor parte de la historiografía, mayoritariamente de izquierdas, siempre ha rechazado el fraude con toda clase de argumentos, considerándolo como una fabulación de la derecha fascista para justificar su golpe de estado.

Han tenido que pasar 80 años para que empiece a conocerse la verdad. La verdad de que la guerra civil española no fue una guerra entre impolutos defensores de la democracia liberal y la sádica avanzadilla del nazismo. No. Fue una sórdida guerra civil entre los que querían la revolución -antes o después de ganarla- y los que creyeron que solo un estado autoritario de inspiración fascista la podía derrotar.



EL MUNDO.- Actas con raspaduras y dígitos cambiados para añadir más votos que los reales a los candidatos del Frente Popular en Jaén, donde hubo urnas con más votos que votantes; recuento adulterado gravemente en La Coruña; fraude en Cáceres, Valencia -con escrutinios a puerta cerrada sin testigos- o Santa Cruz de Tenerife, donde "la victoria oficiosa del centro-derecha se convirtió en un corto triunfo del FP, que se anotó los cuatro escaños de las mayorías; desvíos de votos en Berlanga, Don Benito y Llerena para perjudicar a la CEDA... Al menos el 10% del total de los escaños repartidos (lo que supone más de 50) no fue fruto de una competencia electoral en libertad, sostienen Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, los autores de '1936: Fraude y Violencia'. El libro supone, según el historiador Stanley G. Payne, "el fin del último de los grandes mitos políticos del siglo XX". "España se ha vuelto Coruña", dejó escrito Niceto Alcalá-Zamora para referir cómo se generalizó lo ocurrido en La Coruña, que para el ex presidente de la República ejemplificaba "esas póstumas y vergonzosas rectificaciones" acontecidas con las actas electorales. Si a los 240 asientos conseguidos por el Frente Popular se le restan los que fueron fruto del fraude, las izquierdas solas no habrían llegado al Gobierno.

Tras un meticuloso empeño detectivesco, consultar y desempolvar los archivos y actas, una a una, de cada provincia, además de otras fuentes primarias -memorias y prensa-, los prestigiosos historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García han reconstruido, casi minuto a minuto, el relato del recuento de las últimas elecciones generales anteriores a la Guerra Civil. Y publican, por primera vez, tras consultar todas las actas, los resultados oficiales de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que pasaron a la historia como las de la gran victoria del Frente Popular y situaron a Manuel Azaña al frente del Gobierno de la II República. No sólo confirman que la derecha se impuso por 700.000 votos en el conjunto de España, sino que explican los casos más escandalosos de fraude.
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divendres, 10 de març de 2017

Sostres afirma que Pujol sobornó a los jueces del caso Banca Catalana


La realidad paralelea | Salvador Sostres (ABC)

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MÁS NOTICIAS DE MI PUEBLO:











Steve Bannon es un nacionalista reaccionario pero no un supremacista blanco




"Si no conoces a tu enemigo no podrás derrotarlo" (Sun Tsu)


‘Anti-Semite gets top Trump post’, ran a headline on the Huffington Post. ‘Steve Bannon runs an anti-Semitic website, is a misogynist and will be one of Donald Trump’s senior advisers’, said Salon. Bannon’s time steering Breitbart, says Jonathan Greenblatt, CEO of the Anti-Defamation League, saw him turn it into the ‘premier website of the “alt-right” – a loose-knit group of white nationalists and unabashed anti-Semites and racists'.

Even by the standards of the post-Trump hysteria that has gripped the pro-Hillary set, the response to Bannon’s appointment has been positively unhinged. Is Bannon an anti-Semite? Well, only if you ask his ex-wife. She claimed that he ‘didn’t like Jews’ in the midst of messy divorce proceedings. Meanwhile, the disproportionately Jewish Breitbart staff have rallied around him. Even Breitbart’s former editor-at-large, Jewish commentator Ben Shapiro (who openly loathes Bannon and left the site after it transformed, in his words, into ‘Trump’s Pravda’), has come to his defence. As for the idea that he’s a ‘white nationalist’, this, too, is a more than a little over-cooked. ‘I’m not a white nationalist, I’m a nationalist. I’m an economic nationalist’, he told the Hollywood Reporter last week.

No doubt, Bannon is a protectionist and a reactionary, and Breitbart, like Trump, often trades in a sense of white, blue-collar peril. But he has said nothing publicly to suggest he hates anyone beyond the Clintons, crony capitalists and the politically correct, ‘libtard’-dominated media. The former navy man turned Goldman Sachs trader turned media mogul is little more than a Tea Party type who loves a fight; a career opportunist who attached himself to figures like Sarah Palin, Ted Cruz and now Trump in an attempt to rise up the anti-establishment ranks and bring Breitbart’s Google ranking up with him. In the end, the case against him predominantly rests on a few salty, semi-serious Breitbart headlines – ‘Would you rather your child had feminism or cancer?’, being among the most quoted

The reaction to Bannon’s appointment comes after months of fearmongering about the so-called alt-right, which Breitbart has at times embraced as a ‘transgressive’, ‘dissident’ response to political correctness. According to the Southern Poverty Law Center, the alt-right – a loose association of bloggers, self-styled intellectuals and trolls – espouses ‘white ethno-nationalism’. But the fact that the SPLC recently designated liberal Muslim critic Maajid Nawaz an ‘anti-Muslim extremist’ suggests we should be sceptical. Though some of the alt-right’s figureheads are demonstrable bigots, the bulk of this Twitter-based non-movement appears to be basement-bound idiots who think sending black actresses racist memes is funny. Though the alt-right is a hideous development – whose ugly pranks should be condemned, not apologised for – it is predominantly made up of teenagers in need of little more than a slap and a girlfriend.
Tom Slater | Sp!ked






La burbuja mediática progre: sólo el 7% de los periodistas de EEUU son republicanos



I recently reread James Surowiecki’s book “The Wisdom of Crowds” which, despite its name, spends as much time contemplating the shortcomings of such wisdom as it does celebrating its successes. Surowiecki argues that crowds usually make good predictions when they satisfy these four conditions:

Diversity of opinion. “Each person should have private information, even if it’s just an eccentric interpretation of the known facts.”
Independence. “People’s opinions are not determined by the opinions of those around them.”
Decentralization. “People are able to specialize and draw on local knowledge.”
Aggregation. “Some mechanism exists for turning private judgments into a collective decision.”

Political journalism scores highly on the fourth condition, aggregation. While Surowiecki usually has something like a financial or betting market in mind when he refers to “aggregation,” the broader idea is that there’s some way for individuals to exchange their opinions instead of keeping them to themselves. And my gosh, do political journalists have a lot of ways to share their opinions with one another, whether through their columns, at major events such as the political conventions or, especially, through Twitter.

But those other three conditions? Political journalism fails miserably along those dimensions.

Diversity of opinion? For starters, American newsrooms are not very diverse along racial or gender lines, and it’s not clear the situation is improving much.6 And in a country where educational attainment is an increasingly important predictor of cultural and political behavior, some 92 percent of journalists have college degrees. A degree didn’t used to be a de facto prerequisite7 for a reporting job; just 70 percent of journalists had college degrees in 1982 and only 58 percent did in 1971.

The political diversity of journalists is not very strong, either. As of 2013, only 7 percent of them identified as Republicans (although only 28 percent called themselves Democrats with the majority saying they were independents). And although it’s not a perfect approximation — in most newsrooms, the people who issue endorsements are not the same as the ones who do reporting — there’s reason to think that the industry was particularly out of sync with Trump. Of the major newspapers that endorsed either Clinton or Trump, only 3 percent (2 of 59) endorsed Trump. By comparison, 46 percent of newspapers to endorse either Barack Obama or Mitt Romney endorsed Romney in 2012. Furthermore, as the media has become less representative of right-of-center views — and as conservatives have rebelled against the political establishment — there’s been an increasing and perhaps self-reinforcing cleavage between conservative news and opinion outlets such as Breitbart and the rest of the media.

Although it’s harder to measure, I’d also argue that there’s a lack of diversity when it comes to skill sets and methods of thinking in political journalism. Publications such as Buzzfeed or (the now defunct) Gawker.com get a lot of shade from traditional journalists when they do things that challenge conventional journalistic paradigms. But a lot of traditional journalistic practices are done by rote or out of habit, such as routinely granting anonymity to staffers to discuss campaign strategy even when there isn’t much journalistic merit in it. Meanwhile, speaking from personal experience, I’ve found the reception of “data journalists” by traditional journalists to be unfriendly, although there have been exceptions.

Independence? This is just as much of a problem. Crowds can be wise when people do a lot of thinking for themselves before coming together to exchange their views. But since at least the days of “The Boys on the Bus,” political journalism has suffered from a pack mentality. Events such as conventions and debates literally gather thousands of journalists together in the same room; attend one of these events, and you can almost smell the conventional wisdom being manufactured in real time. (Consider how a consensus formed that Romney won the first debate in 2012 when it had barely even started, for instance.) Social media — Twitter in particular — can amplify these information cascades, with a single tweet receiving hundreds of thousands of impressions and shaping the way entire issues are framed. As a result, it can be largely arbitrary which storylines gain traction and which ones don’t. What seems like a multiplicity of perspectives might just be one or two, duplicated many times over.

Decentralization? Surowiecki writes about the benefit of local knowledge, but the political news industry has become increasingly consolidated in Washington and New York as local newspapers have suffered from a decade-long contraction. That doesn’t necessarily mean local reporters in Wisconsin or Michigan or Ohio should have picked up Trumpian vibrations on the ground in contradiction to the polls. But as we’ve argued, national reporters often flew into these states with pre-baked narratives — for instance, that they were “decreasingly representative of contemporary America” — and fit the facts to suit them, neglecting their importance to the Electoral College. A more geographically decentralized reporting pool might have asked more questions about why Clinton wasn’t campaigning in Wisconsin, for instance, or why it wasn’t more of a problem for her that she was struggling in polls of traditional bellwethers such as Ohio and Iowa. If local newspapers had been healthier economically, they might also have commissioned more high-quality state polls; the lack of good polling was a problem in Michigan and Wisconsin especially.

There was once a notion that whatever challenges the internet created for journalism’s business model, it might at least lead readers to a more geographically and philosophically diverse array of perspectives. But it’s not clear that’s happening, either. Instead, based on data from the news aggregation site Memeorandum, the top news sources (such as the Times, The Washington Post and Politico) have earned progressively more influence over the past decade:

The share of total exposure for the top five news sources climbed from roughly 25 percent a decade ago to around 35 percent last year, and has spiked to above 40 percent so far in 2017. While not a perfect measure1, this is one sign the digital age hasn’t necessarily democratized the news media. Instead, the most notable difference in Memeorandum sources between 2007 and 2017 is the decline of independent blogs; many of the most popular ones from the late ’aughts either folded or (like FiveThirtyEight) were bought by larger news organizations. Thus, blogs and local newspapers — two of the better checks on Northeast Corridor conventional wisdom run amok — have both had less of a say in the conversation.

All things considered, then, the conditions of political journalism are poor for crowd wisdom and ripe for groupthink. So … what to do about it, then?
“The Real Story Of 2016” | Nate Silver



dimecres, 8 de març de 2017

De la fantasía de la sociedad sin clases a la fantasía de la sociedad sin género

La ideología comunista se apoyaba en la clase obrera como sujeto histórico para alcanzar su objetivo político: la sociedad sin clases. De la misma manera, la ideología de género se apoya en el feminismo para alcanzar su proyecto histórico: la sociedad sin género. Se trata en ambos casos de una fantasía intelectual con una gran capacidad de contagio.

Una fantasía que en el caso del comunismo costó 100 millones de muertos para crear la sociedad más clasista y estanca de la historia. En el caso de la ideología de género, ya ha costado en España la abolición de una de las principales columnas del estado de derecho: la presunción de inocencia. En la Ley integral contra la violencia de género al hombre se le considera siempre culpable mientras no demuestre su inocencia.

Para estas ideologías, los trabajadores o las mujeres suelen ser simples medios para lograr sus fines políticos e ideológicos. Es por ello que, a pesar de las mejoras y de los cambios que en muchos casos han invertido la situación de esos grupos sociales, la movilización política persiste. Y no solo persiste, sino que incluso aumenta. Me atrevería a decir que cuantos menos problemas hay más ruidosa se torna la protesta. Probablemente para ocultarlo y evitar una desmovilización que fuerce a cerrar o recortar el chiringuito.

Cada 8 de marzo parece que las mujeres, trabajadoras o no, tengan más problemas de los que tenían el año anterior o, por lo menos, que cada año aparezcan nuevas modalidades de discriminación que justifiquen mantener el tinglado y las subvenciones.










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Los mismos artículos que linqué el año pasado sirven para este:.







dilluns, 6 de març de 2017

Cuando la pluralidad debe reagruparse en defensa del pluralismo



Aron comprendió su siglo. Y también el nuestro. Espectador, anticipó las graves dificultades que tendría la izquierda para sustituir al marxismo omnicomprensivo. Sus escarceos con el multiculturalismo, el identitarismo, el altermundialismo y el loqueseaismo. Y advirtió de su probable vuelta al atajo de la gran utopía. Engagé, comprometido, sentó las bases de una imprescindible coalición: «Lo que está en juego es el sistema democrático. Y eso nos obliga a ponernos de acuerdo a la izquierda moderada y a un liberal como yo».

El eje de ese acuerdo era y es la razón. Lo que Aron, con emocionante minimalismo, definió como «esa forma de pensar que da una oportunidad a la verdad». A nuestros socialistas el consenso les inquieta. Es natural. Quieren que les distingan, como el Alceste de Molière. Y temen que a menos conflicto en la tierra más competencia en el cielo. Pero se equivocan. Hay momentos cruciales en la historia cuando la pluralidad debe reagruparse en defensa del pluralismo. Y Podemos es a la izquierda lo que el alt-right a la derecha: un sórdido rincón. La alternativa a Lepen no es Hamon sino Macron. Y la alternativa a Rajoy no es Sánchez sino Javier Fernández, que el sábado, ante 600 personas, defendió una socialdemocracia anclada en la realidad: «Hacen falta políticos alejados del populismo, la demagogia y la simplificación». El problema es que Fernández habla desde fuera del poder. Y lo peor, que no quiere aspirar a él.

Agotados los temas, a modo de provocación y de síntesis, el periodista Missika le preguntó a Aron: «¿Y es posible movilizar a los hombres sin un relato mesiánico, nacionalista, comunista o de otro orden?» Aron hizo una pausa y contestó, vacilante: «Se puede». Antes había reconocido los límites de su compromiso: «Para pensar sobre la política, hay que ser lo más racional posible. Pero para hacerla, inevitablemente hay que jugar con las pasiones de otros hombres. La actividad política es, por tanto, impura y es por eso que yo he preferido la reflexión». Encarar la impureza. Competir por el poder con la mano de la demagogia atada a la espalda. Vencer en las urnas sólo con la verdad. Este es el reto de la izquierda y la derecha razonables de nuestro tiempo. El desafío que Fernández, el espectador comprometido, no quiere asumir.
El espectador comprometido | Cayetana Álvarez de Toledo



Comunicado de Asociación de la Prensa de Madrid ante el acoso de Podemos a periodistas




La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha recibido una petición de amparo de un grupo de periodistas que se sienten acosados y presionados por el equipo directivo de Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, así como por personas próximas a ese círculo.

Considerados los testimonios y las pruebas documentales aportados por estos periodistas, la APM exige a Podemos que deje de una vez por todas la campaña sistematizada de acoso personal y en redes que viene llevando a cabo contra profesionales de distintos medios, a los que amedrenta y amenaza cuando está en desacuerdo con sus informaciones.

Esta campaña ha sido denunciada por un grupo de informadores, que han aportado pruebas documentales y a los que la APM ha decidido amparar.

De acuerdo con esta denuncia, el acoso de miembros de Podemos se materializa de manera reiterada y desde hace más de un año en ataques a periodistas en sus propias tribunas, en reproches y alusiones personales en entrevistas, foros y actos públicos, o directamente en Twitter.

Estas presiones también se realizan de forma personal y privada con mensajes y llamadas intimidantes.

El acoso pretende minar la credibilidad y el prestigio de estos profesionales, sometidos en ocasiones a un bombardeo constante de mensajes que intentan descalificar o ridiculizar su trabajo y recortar su libertad de información.

La APM considera totalmente incompatible con el sistema democrático que un partido, sea el que sea, trate de orientar y controlar el trabajo de los periodistas y limitar su independencia.

La estrategia de acoso de Podemos vulnera de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo, que es imprescindible para preservar la salud de una sociedad democrática como la española.

Esta inaceptable campaña, que está creando un estado de miedo entre los periodistas, tiene como fin el de persuadirles de que les conviene escribir al dictado de Podemos, además de tratar de conducirlos hacia la autocensura.

La APM recuerda a Podemos que puede recurrir al derecho de rectificación cuando juzgue que una información incumple el necesario principio de veracidad, en lugar de atacar de forma inadmisible a su autor o al medio que la publica.

También es importante que todos los partidos sean conscientes de que la crítica respecto al comportamiento y las manifestaciones de quien ostenta un cargo público, aunque pueda molestar o herir, es legítima, de acuerdo a la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo.

La APM pide a los periodistas que resistan las presiones, vengan de donde vengan, en el convencimiento de que esta asociación les amparará siempre en la defensa de su derecho a la libertad de expresión y en su deber de ejercer la libertad de información.

También solicita a los medios que protejan y respalden a sus periodistas saliendo al paso de cualquier campaña que trate de impedir que los ciudadanos reciban información veraz, rigurosa, dil

Solo una prensa independiente y sin miedo puede cumplir su misión fundamental de control del poder. Solo unos medios firmes en la defensa de la libertad de expresión pueden frenar las tentaciones de los poderosos de eludir la rendición de cuentas a la que están obligados en una democracia como la nuestra.

Madrid, 6 de marzo de 2017




'Los catalanes desean la independencia pero no la quieren'


Entrevista a Alfons López Tena en El Mundo. De lectura imprescindible.

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El movimiento independentista se ha estancado en un atolladero sin salida porque los políticos catalanes desean que una afectuosa comunidad internacional obligue a España a permitir que se celebre un referéndum vinculante





'Porqué hay que tomar las acusaciones de Trump sobre las escuchas telefónicas en serio'

diumenge, 5 de març de 2017

El Consejero de Obama Ben Rhodes está equivocado: el Presidente sí puede ordenar una escucha telefónica

Donald Trump acusó el sábado a su predecesor Barack Obama de pinchar su teléfono durante la campaña electoral. Lo hizo con este tuit:

No ha aportado hasta el momento ninguna prueba ni evidencia de su acusación. Obama, como es natural, lo ha negado a través de su portavoz. Si la incontinencia tuitera del impulsivo Trump le ha llevado a cometer el grave error de difundir una acusación falsa o que no puede demostrar, le costará muy caro. Podría pasar de ser una 'víctima de McCarthy' a acabar siendo el Nixon de un falso Watergate. Por el contrario, si la acusación es cierta los demócratas se hundirán en el fango, Obama tendrá el harakiri que se merece y se acabará la locura política en la que viven los EEUU desde que Hillary perdió las elecciones.

ZERO HEDGE.- Following Trump's stunning allegation that Obama wiretapped the Trump Tower in October of 2016, prior to the presidential election, which may or may not have been sourced from a Breitbart story, numerous Democrats and media pundits have come out with scathing accusations that Trump is either mentally disturbed, or simply has no idea what he is talking about.

The best example of this came from Ben Rhodes, a former senior adviser to President Obama in his role as deputy National Security Advisor, who slammed Trump's accusation, insisting that "No President can order a wiretap. Those restrictions were put in place to protect citizens from people like you." He also said "only a liar" could make the case, as Trump suggested, that Obama wire tapped Trump Tower ahead of the election.
It would appear, however, that Rhodes is wrong, especially as pertains to matters of Foreign Intelligence Surveillance, and its associated FISA court, under which the alleged wiretap of Donald Trump would have been granted, as it pertained specifically to Trump's alleged illicit interactions with Russian entities.

In Chapter 36 of Title 50 of the US Code *War and National Defense", Subchapter 1, Section 1802, we read the following:
(1) Notwithstanding any other law, the President, through the Attorney General, may authorize electronic surveillance without a court order under this subchapter to acquire foreign intelligence information for periods of up to one year if the Attorney General certifies in writing under oath that—
(A) the electronic surveillance is solely directed at—
(i) the acquisition of the contents of communications transmitted by means of communications used exclusively between or among foreign powers, as defined in section 1801(a)(1), (2), or (3) of this title; or
(ii) the acquisition of technical intelligence, ther than the spoken communications of individuals, from property or premises under the open and exclusive control of a foreign power, as defined in section 1801(a)(1), (2), or (3) of this title;
(B) there is no substantial likelihood that the surveillance will acquire the contents of any communication to which a United States person is a party; and
(C) the proposed minimization procedures with respect to such surveillance meet the definition of minimization procedures under section 1801(h) of this title; and
if the Attorney General reports such minimization procedures and any changes thereto to the House Permanent Select Committee on Intelligence and the Senate Select Committee on Intelligence at least thirty days prior to their effective date, unless the Attorney General determines immediate action is required and notifies the committees immediately of such minimization procedures and the reason for their becoming effective immediately.
While (B) seems to contradict the underlying permissive nature of Section 1802 as it involves a United States person, what the Snowden affair has demonstrated all too clearly, is how frequently the NSA and FISA court would make US citizens collateral damage. To be sure, many pointed out the fact that Fox News correspondent James Rosen was notoriously wiretapped in 2013 when the DOJ was investigating government leaks. The Associated Press was also infamously wiretapped in relation to the same investigation.

As pertains to Trump, The Guardian reported as much in early January, when news of the alleged anti-Trump dossier by former UK spy Chris Steele broke in January:
The Guardian has learned that the FBI applied for a warrant from the foreign intelligence surveillance (Fisa) court over the summer in order to monitor four members of the Trump team suspected of irregular contacts with Russian officials. The Fisa court turned down the application asking FBI counter-intelligence investigators to narrow its focus. According to one report, the FBI was finally granted a warrant in October, but that has not been confirmed, and it is not clear whether any warrant led to a full investigation.
Furthermore, while most Democrats - not to mention former president Obama himself - have been harshly critical of Trump's comments, some such as former Obama speechwriter Jon Favreau was quite clear in his warning to reporters that Obama did not say there was no wiretapping, effectively confirming it:
Favreau also urged his twitter followers to read a thread that explicitly suggested the prior existence of FISA-endorsed wiretaps:
Additionally, Philip Rucker, the WaPo's White House bureau chief echoed Favreau's caveat, namely that the Obama spokesman’s statement does not deny the existence of wiretaps on Trump Tower, only that Obama himself and the Obama White House did not approve them if they did exist.
Further implying the existence of such a wiretap was David Axelrod, who tweeted today that that such a wiretap could exist but would have "been OK'ed only for a a reason."
Yet ironically, it was none other than the Trump administration which just earlier this week announced it supports the renewal of spy law which incorporates the FISA court, without reforms: "the Trump administration does not want to reform an internet surveillance law to address privacy concerns, a White House official told Reuters on Wednesday, saying it is needed to protect national security. The announcement could put President Donald Trump on a collision course with Congress, where some Republicans and Democrats have advocated curtailing the Foreign Intelligence Surveillance Act, or FISA, parts of which are due to expire at the end of the year."
"We support the clean reauthorization and the administration believes it's necessary to protect the security of the nation," the official said on condition of anonymity.

The FISA law has been criticized by privacy and civil liberties advocates as allowing broad, intrusive spying. It gained renewed attention following the 2013 disclosures by former National Security Agency contractor Edward Snowden that the agency carried out widespread monitoring of emails and other electronic communications. 
In any event, the bottom line here appears to be that with his tweet, Trump has opened a can of worms with two possible outcomes: either the wiretaps exist as Trump has suggested, and the president will use them to attack both the Obama administration and the media for political overreach; or, there were no wiretaps, which as Matthew Boyle writes, would suggest the previous administration had no reason to suspect Trump colluded with a foreign government.

Senator Ben Sasse said as much in his statement issued earlier today:
The President today made some very serious allegations, and the informed citizens that a republic requires deserve more information. If there were wiretaps of then-candidate Trump's organization or campaign, then it was either with FISA Court authorization or without such authorization. If without, the President should explain what sort of wiretap it was and how he knows this. It is possible that he was illegally tapped. On the other hand, if it was with a legal FISA Court order, then an application for surveillance exists that the Court found credible.
But what is perhaps most important, is that we may know soon enough. As the NYT reported on Saturday afternoon, a senior White House official said that Donald F. McGahn II, the president’s chief counsel, was working on Saturday to secure access to what the official described as a document issued by the Foreign Intelligence Surveillance Court authorizing surveillance of Mr. Trump and his associates.

If and when such a document is made public - assuming it exists of course - it would be Trump, once again, that gets the last laugh.