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dissabte, 23 de setembre de 2017

'Los catalanes sólo quieren manifestarse por la independencia, no obtener nada, y disfrutar de la supremacía moral que les suministra su condición de víctimas'




EXTRACTOS de la entrevista realizada por Baba Umar a Alfons López Tena, exdirigente de Solidaritat Catalana y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, publicada originalmente en TRT World. La entrevista completa traducida al español, aquí.


ENTREVISTADOR: ¿Usted percibe a los catalanes consumidos en lo que llama “grandiosidad narcisista”? ¿Qué significa ésto? 
TENA.- Para los independentistas, Cataluña es un gran país, y si la realidad no lo corrobora la culpa la tiene España, así que no hay necesidad de cambiar y mejorar nada porque toda la bondad fluye del alma catalana, y todas las cosas malas las causa la contaminación española, por lo que todos los problemas deben abordarse después de la independencia, no antes.  
Un ejemplo llamativo de esta grandiosidad narcisista es la añeja y recurrente amenaza catalana de optar por la independencia a menos que obtenga un mejor trato de España, un crudo chantaje nunca reconocido como tal, sino como una demanda de concesiones. Las implicaciones son claras: su pertenencia es un favor concedido por los catalanes a España, y la independencia no es un objetivo real sino un mero instrumento de extorsión.

(...)

Un país tan desesperadamente perdido en sí mismo engendra un bucle en el que la falta de poder alimenta los delirios, lo que potencia las fantasías que aumentan la impotencia, en un proceso sin fin mientras poco a poco se desvanece en el olvido. No cabe esperar nada de Cataluña, está condenada a depender de la amabilidad de los ajenos.


ENTREVISTADOR: ¿Éso es lo que le hizo abandonar el campo independentista? Usted ha sido parte activa del movimiento.

TENA: Soy favorable a la independencia, sólo la independencia puede salvar la Nación catalana de ser absorbida por España como ya lo ha sido por Francia en la parte de Cataluña que le pertenece. Sin embargo, no pierdo mi tiempo persiguiendo quimeras, y después de años de trabajar para hacer real la independencia me di cuenta de que la misma mentalidad desarrollada por los catalanes para sobrevivir bajo España los bloquea para conseguir resultado alguno, y mucho menos la independencia.

Nirad Chaudhuri le dió la vuelta a la frase de Lord Acton diciendo: "La falta de poder tiende a corromper, y la absoluta falta de poder corrompe absolutamente". Cataluña ha sufrido durante los últimos cinco siglos una tremenda pérdida de poder, pasando de ser una poderosa nación que gobernaba un imperio mediterráneo a perder la independencia hace cinco siglos, ser dividida, y esforzarse agónicamente desde entonces en simplemente evitar la asimilación y la desaparición.

Para ello se desencadenan dos mecanismos de protección: un comunitarismo sofocante para mantener a la gente estrechamente unida, y un complejo de superioridad para sobrecompensar la sombría, amarga realidad; que juntos impiden que los catalanes hagan, mejoren, o consigan nada. Actos simbólicos y pantomimas estéticas son lo único para lo que están dotados.

En la medida en que estos mecanismos se han ido aplicando durante siglos, el grueso tanto del establishment político-mediático catalán como de sus franjas emergentes, todo el país en su conjunto, ha quedado atrapado en una maraña de narcisismo colectivo y disonancia cognitiva. Es por eso que he dejado la vida pública en Cataluña. No tiene alma ni valor, es nauseabunda y embrutecida, una charca ponzoñosa.

(...)

ENTREVISTADOR: De otra parte, es también la prueba del espíritu democrático del gobierno español. Los gobiernos canadiense o británico permitieron una votación cuando hubo peticiones de referéndum en Quebec o Escocia. ¿Por qué España no puede tener uno también?


TENA: ¿Alguien dice que Alemania e Italia no son democráticas porque sus Tribunales Constitucionales han prohibido los referendos sobre la independencia de Baviera y Venecia en 2016 y 2017? ¿Perdieron los Estados Unidos su espíritu democrático cuando el Tribunal Supremo juzgó que la Constitución no permitía a los Estados separarse unilateralmente y que las ordenanzas de secesión y todos los actos parlamentarios de los Estados que tenían por objeto darles efecto eran "absolutamente nulos"? No hay modo alguno de obtener el consentimiento de España, y los catalanes están en contra de conseguir la independencia por sí mismos. En su virtud, el juego ha terminado.


ENTREVISTDOR: ¿Cómo ve usted la persecución legal de los políticos de Cataluña por España, especialmente su ex presidente Artur Mas? ¿Es el primer paso para frenar el próximo referéndum? Y haciendo esto, ¿no aleja España a los catalanes aún más?

TENA: El ex presidente Mas y otros gobernantes han sido acusados ​​y condenados por desobediencia al Juez porque incumplieron una orden judicial. Sin embargo, nadie ha sido acusado por propugnar la independencia de Cataluña, aunque la propaganda inventada por el gobierno catalán y sus medios de comunicación finja que son perseguidos sólo por propugnar la independencia. Poniendo"la voluntad del pueblo" por encima de la ley, atacando a la judicatura, sembrando el desprecio por los expertos y por los argumentos racionales, e intimidando a los disidentes, el trumpismo reina desbocado en Cataluña.

(...)

ENTREVISTADOR: ¿Los catalanes y España acordarán alguna vez una situación win-win, en la que todos salgan ganando?

TENA: Un senador me preguntó en Washington hace más de cinco años: "¿Su pueblo quiere la independencia, o simplemente quiere manifestarse por la independencia?" Mi conclusión es que los catalanes sólo quieren manifestarse por la independencia, no obtener nada, y disfrutar de la supremacía moral que les suministra su condición de víctimas. Que así sea, ya que es exactamente lo que tendrán. Esa es la situación win-win.




A fora ja ens han vist el llautó | Fuera ya nos han visto el latón (lo que hay bajo la apariencia engañosa de algo)



El futuro de Europa se juega (ahora) en Cataluña

LIBÉRATION | Maxime Fourest 
Después de la crisis del euro, la guerra en Ucrania, el Brexit y las derivas de Hungría y Polonia, Europa se enfrenta a una nueva crisis que amenaza la existencia del proyecto de seguridad -física, material, legal y, en cierta medida, social- que es el proyecto comunitario: el desafío lanzado a la democracia española por el separatismo catalán. Frente a la amplia avenida concedida a la presentación de la narrativa separatista en los principales medios de comunicación europeos, frente a la pusilanimidad de las llamadas al "diálogo" o al silencio ensordecedor de las instituciones comunitarias y de los gobiernos de los Estados miembros de la UE, se precisa un esfuerzo pedagógico a diez días de un referéndum ilegal de importancia trascendente.

El relato separatista se basa en un nacionalismo obtuso y excluyente.

Cualquier narrativa nacional es una gesta histórica, y la de Cataluña no carece de hechos de gran calado: a la lejana memoria de unos poderosos condados se añade la más reciente de la gallarda resistencia del pueblo catalán al fascismo durante la Guerra Civil, a la que George Orwell rindió un poderoso homenaje.

Y aunque la región se ha afirmado como el laboratorio de la modernidad industrial, política, social y cultural en España desde la segunda mitad del siglo XIX, debe reconocerse que ello se debe en parte al surgimiento de una conciencia nacional propia, de esencia elitista, como en la mayoría de los nacionalismos, pero socialmente progresista.

La contribución de Cataluña a la transición democrática también habrá sido esencial, y basta con volver a leer las páginas dedicadas por el madrileño Jorge Semprún a su emoción en la primera "Diada" autorizada en 1977 para entender que la recuperación por los catalanes del derecho a su cultura fue una conquista para todos los demócratas españoles.

Y sin embargo, el storytelling hábilmente desplegado por el campo separatista está a mil leguas de ese movimiento cultural democrático, europeo y abierto. En su lugar encontramos, repetidos como un mantra, todos los clichés del nacionalismo más obtuso teñidos de racismo, desprecio de clase, o incluso una forma de supremacismo cultural: por un lado, "nosotros", un pueblo educado, trabajador, progresista, honesto, republicano y europeo. Enfrente, "ellos", una canallesca ibérica retrógrada, perezosa y corrupta, adscrita a una monarquía pauperizada por los escándalos y permanentemente rezagada en el calendario europeo.

A todo esto no sirve de nada oponer la "catalanización", esto es, la europeización de la sociedad española en su conjunto desde la muerte de Franco, ni el hecho de que algunos de los casos de corrupción más sangrantes de los últimos años afecten precisamente al nacionalismo catalán más acendrado, cuya conversión al separatismo coincide con su frecuentación de los tribunales españoles...

En esta historia que suma uno tras otro los hechos alternativos, el "Espanya ens roba" y el activismo de los tribunales españoles en materia de corrupción política son sólo el reflejo ora de una corrupción generalizada ora de una persecución de los patriotas catalanes.

El inmovilismo de Mariano Rajoy no es la causa principal del estancamiento político.

Este relato tiene ciertamente un aliado "objetivo" en la persona de Mariano Rajoy. En el poder desde 2011, el jefe de gobierno, del Partido Popular, ha sobrevivido a los repetidos escándalos que han salpicado su gestión, así como a dos elecciones generales que han conmocionado el bipartidismo español, pero sin lograr hacerle perder la silla de la Moncloa. Su pintoresco estatismo habrá contribuido a acentuar la gravedad de la crisis abierta con Barcelona, al privarle de toda salida política. Por otra parte, es grande la tentación de hacer del recurso de inconstitucionalidad del PP, entonces en la oposición, contra es nuevo Estatut de Cataluña aprobado por referéndum en 2006, el gran pecado que abrió el camino a la secesión unilateral. Pero aparte del hecho de que más del 90% del Estatut fue avalado por el Tribunal Constitucional (14 artículos censurados de 223), los elementos cuestionados se centraron principalmente en el reconocimiento irrebatible de una nación catalana con una primacía lingüística y unos derechos que invadían en gran medida las competencias estatales y que fueron de hecho el casus belli constitucional, incluso en un estado, de facto, federal como el español.

Si muy probablemente fue un error político funesto, el recurso contra el Estatut no legitima en nada al gobierno catalán actual en su precipitada fuga hacia delante al margen de todo marco legal y sin ningún mandato político unívoco.

Todo ello paga el precio de una viva polarización dentro de la sociedad catalana, con toda una generación de hijos de emigrantes que han basado su ascenso social en la promesa de una identidad tipo "muñeca rusa": catalana, española, europea.

El desafío separatista es pues un asunto europeo. Del resultado de esta crisis depende mecánicamente el futuro de Europa en su conjunto.

Que una región pueda ejercer el derecho a la libre determinación unilateralmente, en el contexto del Estado de Derecho, algo propio de los pueblos bajo dominio colonial o imperialista, es el fin de la intangibilidad de las fronteras establecidas con un alto precio de sangre.

Que un solo orden constitucional -húngaro, polaco u hoy español- sea derrocado por la subversión de las normas democráticas en favor de un partido o coalición hegemónica y mesiánica, es el obituario de Europa como un área basada en la separación de poderes y la jerarquía de la norma.

Que un nacionalismo obtuso, excluyente y que articula un relato histórico alternativo triunfe de nuevo hará que el estatus de los hechos (políticos, históricos, jurídicos o sociales) mengüe en favor de las virtudes taumatúrgicas y demiúrgicas del relato al uso para las masas.

Frente a estos riesgos que nuestros gobiernos penan en calibrar, se entiende el dilema que arrostra el gobierno del Partido Popular: entre la impotencia (a falta de una legitimidad absoluta para ejercer todo el rigor de la ley para proteger los derechos de todos los españoles, catalanes incluidos) y la miel sobre hojuelas ofrecida al campo separatista por la imagen de unas urnas y unas papeletas requisadas por la Guardia Civil ...

En este sentido, el derrotismo que despunta en una sociedad dividida y maniatada por su historia de paz civil, frente al carácter irreversible del desafío separatista, es un presagio muy oscuro para Europa".

Maxime Fourest es profesor-investigador en Sciences-Po (OFCE, Cevipof) y especialista en temas europeos.

Artículo original en francés, aquí


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Catalonia’s unconstitutional means to an undesirable end

There are better ways than a referendum to address the region’s legitimate grievances

THE ECONOMIST

SPAIN has known tumultuous times: civil war in the 1930s, dictatorship until 1975, a failed coup in 1981, a financial and economic crash in 2008-13, and terrorism of the nationalist and jihadist sorts. Now it faces a constitutional crisis that threatens its unity. The Catalan government plans to hold a “binding” referendum on independence on October 1st. If a majority votes yes—regardless of the turnout—then Carles Puigdemont, the Catalan president, will unilaterally declare independence. The Spanish constitutional court has declared the vote illegal, and the conservative government of Mariano Rajoy has taken control of the region’s finances to try to block the ballot. The Guardia Civil has raided Catalan government offices and a private delivery firm to seize posters and ballot papers, and arrested at least 12 officials. The Catalan government has called for “peaceful resistance”.

The crisis is snowballing into a serious threat to Spain’s democracy. Solving it sensitively matters to the rest of Europe. The precedent set in Catalonia will affect other would-be separatists, from Scotland to the Donbas region of Ukraine.

Catalonia enjoys a standard of living higher than the average in both Spain and the European Union and more self-government than almost any other region in Europe, including powers to protect the Catalan language. It is, to outward appearances, a lovely and successful place. Yet a majority of Catalans are unhappy with their lot, feeling that Spain takes too much of their money and fails to accord respect to their identity (see article). Mr Rajoy has been wrong to assume that time and economic recovery would cure Catalans’ discontent. The Spanish constitution, adopted by referendum in 1978—and backed almost unanimously in Catalonia—proclaims the country’s “indissoluble unity”. It vests sovereignty in the Spanish people as a whole, not in the inhabitants of its constituent parts. The Catalan government claims the right to self-determination. But international law recognises this only in cases of colonialism, foreign invasion or gross discrimination and abuse of human rights. These arguably do apply to the Kurds, who are planning to hold a disputed referendum on secession from Iraq on September 25th (see article). Catalonia, however, hardly counts as colonised, occupied or oppressed. Many Spaniards worry that its secession could swiftly be followed by that of the Basque country. If the rule of law is to mean anything, the constitution should be upheld. Mr Puigdemont should thus step back from his reckless referendum. Opponents are unlikely to turn out, so any yes vote he obtains will be questionable, not just legally but politically. That said, by playing cat-and-mouse with ballot boxes Mr Rajoy has needlessly given Mr Puigdemont a propaganda victory. A big majority of Mr Rajoy’s voters in the rest of Spain support him in part because he refuses to yield to Catalan nationalism. But something important is wrong in Spain, and it is his duty to try to fix it.

Democracy requires consent as well as the rule of law. Constitutional change, especially the right to break away, should be difficult—but not impossible. In Scotland and Quebec, allowing people to have a say did not lead to breakaway. Mr Rajoy should be less defensive: he should now seek to negotiate a new settlement with Catalonia, while also offering to rewrite the constitution to allow referendums on secession, but only with a clear majority on a high turnout.

Damage to Catalonia Many Catalans want the right to decide, but polls suggest that only around 40% want independence. Most would probably be satisfied with a new deal that gave them clearer powers, let them keep more of their money and symbolically recognised their sense of nationhood. The tragedy is that neither Mr Puigdemont nor Mr Rajoy seems interested in putting such an offer on the table.

This article appeared in the Leaders section of the print edition under the headline "The Catalan question"

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dimarts, 19 de setembre de 2017

El 'procés' lo diseñó Pujol en 1990 en un plan de 'infiltración nacionalista' en todos los ámbitos sociales de Cataluña



Para una mejor lectura, aquí

El Periódico de Cataluña publicó el 28 de octubre de 1990 un extenso resumen del borrador del programa ideológico de CDC promovido por Jordi Pujol. En el mismo se propone un plan para la infiltración nacionalista en puestos clave de los medios de comunicación, del sistema financiero y educativo, con el objetivo de nacionalizar Cataluña.

Podríamos decir que este documento es el auténtico pistoletazo de salida del 'procés' que ahora se pretende culminar con la independencia. En palabras de Teresa Freixes:



El mismo día, el diario El País publicaba también el contenido del documento, que resumía así:

El documento, de 20 folios de extensión, equipara Cataluña a los Paises Catalanes -entendiendo estos como el área de influencia de las comunidades catalana, valenciana y parte de sureste francés-, y sostiene que Cataluña es una "nación europea emergente", una "nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico".Desde esta perspectiva, los redactores del documento resaltan que la búsqueda de la soberanía hace imprescindible la "sensibilización ciudadana hacia el reforzamiento del alma social", objetivo que persiguen las directrices dadas en el texto, entre las que se incluye la reforma del Estatut.

El documento propugna la configuración de un sociedad catalana de claro corte conservador, en la que tengan vigencia "Ios valores cristianos" y en la que se fomenten las "fiestas populares, tradiciones, costumbres y trasfondo mítico". Una sociedad a la que se debe sensibilizar sobre la "necesidad de tener más hijos para garantizar su personalidad colectiva".

Objetivos

Para cumplir sus objetivos, los ponentes no ocultan la necesidad de controlar a los educadores para que cumplan lo estipulado en la doctrina nacionalista. Se aboga, así, por "vigilar la composición de los tribunales de oposición" para todo el profesorado.

Asimismo, se alienta a "reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza". También se considera necesario "incidir en las asociaciones de padres".

La voluntad de dirigismo queda de nuevo patente en el apartado relativo a los medios de comunicación: hay que "introducir gente nacionalista (...) en todos los puestos claves de los medios de comunicación". También se postula "incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técnicos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana".

El documento promueve la creación de organizaciones patronales, económicas y sindicales catalanas, y la conveniencia de diseñar "una estrategia para optar a los cargos directivos de las instituciones" financieras.

De igual forma, se propugna "incidir sobre la administración de justicia y orden público con criterios nacionales", y revisar los mecanismos de acceso y promoción del funcionariado.

Vale la pena retener que este artículo lo firmaba José Antich, que años después fue director de La Vanguardia cuando Godó decidió apoyar el giro independentista de Mas. Ahora, Antich es el director de El Nacional.cat, un digital que creó cuando Godó decidió distanciarse del 'procés' y lo cesó.





Cara a cara entre Teresa Freixes y el delegado de la Generalitat en Francia



Référendum sur l'indépendance de la Catalogne... por fondapol

No se pierdan este debate cara a cara entre la profesora de derecho Constitucional de la UAB y catedrática Jean Monnet ad personam en Europäische Union, Teresa Freixes, y el delegado de la Generalitat en Francia y Suiza, el ex periodista de Tv3 Martí Anglada.


dilluns, 18 de setembre de 2017

El nacionalismo es populista per se; y al revés


El nacionalismo catalán de derechas jugó muy bien sus cartas: nos ponemos la careta de moderación en Madrid, apoyamos a gobiernos sean de Felipe o Aznar, y hacemos caja, clin, clin; la otra parte del trato suponía manos libres en Cataluña para catalanizar hasta los pelos de los gatos sin estorbos legales; y así fue la cosa hasta que llegó la crisis, se descubrió el pastel de la corrupción pujolista (que olía todo el mundo desde hacía décadas; era el secreto de polichinela) y CiU, privada de sus cabezas pensantes (Pujol, Roca, López de Lerma, Durán, Molins), decidió inmolarse en la hoguera independentista que ellos mismos habían encendido y agitado desde los 80. Así se muere el alacrán entre las llamas: clavándose su propio aguijón. Lo que ahora queda de CiU es nada y está al mando de estúpidos que hacen el trabajo sucio de ERC. Puigdemont dice las tonterías del día y podría terminar entre rejas; Junqueras dormita envuelto en su grasa y mira con el ojo bueno el suculento panorama electoral que se le presenta. ERC ganará de calle las generales y las autonómicas cuando se convoquen.

En unos pocos años, la hegemonía del catalanismo ha pasado de la derecha y el centro derecha a la izquIerda y la extrema izquierda; el catalanismo conservador, cuya fuerza era el pacto y la ambigüedad calculada, está muerto políticamente. Han perdido los votos, la cabeza, las sedes embargadas y pueden terminar unos cuantos entre rejas, entre corrupciones e independencias. (...) Lo de CiU es de tragedia griega: mueren en la hoguera de la que son responsables y pasan la antorcha, cual Ave Fénix, al independentismo radical. Sus herederos, los jóvenes turcos criados en el regazo del padrino Pujol, no tienen tantos escrúpulos y llaman a la guerra santa antiespañola. Mataron al padre y quieren matar a España.

De hecho, este suicidio patriótico de CiU clarifica las cosas: el nacionalismo catalán es independencia e izquierda, incluso radical, ERC más CUP; sus adversarios constitucionalistas son derecha y centro derecha, PP y Ciudadanos (segundo partido en votos en Cataluña tras ERC); en tierra de nadie quedan el agónico PSC (partido antes hegemónico entre las clases trabajadoras de origen español del cinturón rojo barcelonés) y el engendro Podem, Catalunya sí que es Pol Pot etc, cuyos dirigentes bascularán hacia el independentismo inevitablemente, aunque no todos sus votantes. Pero son populistas y en Cataluña el populismo se llama independencia. La radicalización política populista de Cataluña es impresionante y muy superior al resto de España. Xavier Casals ya avisaba hace años de que Cataluña era “el laboratorio populista de España.” No hay nada más populista que la cruzada nacionalista entendida en clave independentista: el “poble català” contra las élites madrileñas, españolistas etc etc. El nacionalismo es populista per se; y al revés. | PLAZA MOYUA






diumenge, 17 de setembre de 2017

¿Que el TC tumbó el Estatut?




TERESA FREIXES.- Como veo que el "mantra" del título se viene repitiendo como si ello justificara la "rebelión catalana", aquí les dejo transcrito el fallo del TC y el enlace al texto completo de la sentencia. Sé que hay que estar un cierto tiempo dedicado a ello, pero antes de hacer afirmaciones que no se corresponden con la realidad, mejor ilustrarse.

Aquí la decisión, distinguiendo entre lo que se declara anticonstitucional y la parte interpretativa de la sentencia. No son 10 artículos "tumbados". Lo que se declara inconstitucional son un artículo y una serie de apartados y/o incisos en una docena de artículos. En un Estatuto que tiene más de 250 artículos. El resto es sentencia interpretativa, es decir, de orientación en la interpretación, además de coroborar lo que es doctrina general acerca de que los preámbulos no tienen efectos jurídicos directos y, como sí los tienen interpretativos, se desposee de tal carácter a las referencias que se contienen en el del Estatut sobre "Cataluña como nación" y "realidad nacional de Cataluña".

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española, Ha decidido

Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular contra la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, en consecuencia,

Declarar que:

1.º Carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña a «Cataluña como nación» y a «la realidad nacional de Cataluña».

2.º Son inconstitucionales y, por lo tanto, nulos:

- la expresión «y preferente» del apartado 1 del art. 6;

- el apartado 4 del art. 76;

- el inciso «con carácter exclusivo» del apartado 1 del art. 78;

- el art. 97;

- los apartados 2, letras a), b), c), d) y e), y 3 del art. 98;

los incisos «y con la participación del Consejo de Justicia de Cataluña» de los apartados 5 y 6 del art. 95;

- el inciso «por el Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo preside, y» del apartado 1 del art. 99;

- el apartado 1 del art. 100;

- el inciso «o al Consejo de Justicia de Cataluña» del apartado 1 y el apartado 2 del art. 101;

- el inciso «como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto» del art. 111;

- el inciso «los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan» del apartado 2 del art. 120;

- el inciso «los principios, reglas y estándares mínimos fijados en» del apartado 2 del art. 126;

- el inciso «siempre y cuando lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar» del apartado 3 del art. 206; y

- el inciso «puede incluir la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales e» del apartado 2 del art. 218.

3.º No son inconstitucionales, siempre que se interpreten en los términos establecidos en el correspondiente fundamento jurídico que se indica, los siguientes preceptos: el art. 5 (FJ 10); el apartado 2 del art. 6 [FJ 14 b)]; el apartado 1 del art. 8 (FJ 12); el apartado 5 del art. 33 (FJ 21); el art. 34 (FJ 22); el apartado 1 y el primer enunciado del apartado 2 del art. 35 (FJ 24); el apartado 5 del art. 50 (FJ 23); el art. 90 (FJ 40); los apartados 3 y 4 del art. 91 (FJ 41); el apartado 2 del art. 95 (FJ 44); el art. 110 (FJ 59); el art. 112 (FJ 61); el art. 122 (FJ 69); el apartado 3 del art. 127 (FJ 73); el art. 129 (FJ 76); el art. 138 (FJ 83); el apartado 3 del art. 174 (FJ 111); el art. 180 (FJ 113); el apartado 1 del art.183 (FJ 115); el apartado 5 del art. 206 (FJ 134); los apartados 1 y 2, letras a), b) y d) del art. 210 (FJ 135); el apartado 1, letra d), del art. 222 y el apartado 1, letra i), del art. 223 (FJ 147); el apartado 1 de la disposición adicional tercera (FJ 138); y las disposiciones adicionales octava, novena y décima (FJ 137).

4.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.

Recordemos, el Estatuto de 2006 tenía más de 250 artículos.

Texto de la sentencia 
Y para un estudio minucioso de todo ello, el libro del Prof. Dr. José Carlos Remotti 'El Estatuto de Autonomía de Cataluña y su interpretación por el Tribunal Constitucional' [Ed. .J:M: Bosch, Barcelona, 2011]


La verdad de las cifras, la verdad de los hechos




Tras muchos años de predicar en el desierto que las cifras de todas las manifestaciones, y no sólo las de la Diada, han sido sistemáticamente hinchadas en este país, por fin parece que se está reaccionando ante el fraude.

La responsabilidad de esta situación se la reparten los organizadores de las manifestaciones, la Guardia Urbana y, de una manera especial, el periodismo. Los primeros no tienen credibilidad al ser juez y parte. Los segundos, que deberían tenerla, la han perdido por ofrecer cifras fantasiosas sumisas a la autoridad política. Y los terceros -los peores- por haber hecho dejación de su responsabilidad profesional ante los hechos. Unos hechos que pueden ser medidos y cuantificados sin mucha dificultad.


CRÓNICA GLOBAL | María Jesús Cañizares.-Este año, la movilización consistió en una cruz dividida en 49 tramos (12 tramos por brazo más una Fila 0 de autoridades), cuyo centro se situaba en la confluencia del paseo de Gràcia y la calle Aragó. Los autores del estudio parten de la premisa de que la superficie máxima ocupable de los tramos medidos, es decir, descontando fuentes, estructuras y mobiliario urbano no pisable, alcanzaría los 149.079 metros cuadrados.

Según los estándares internacionales para concentraciones seguras, la densidad media estimada es de 1,8 personas por metro cuadrado. Sin embargo, el informe de SCC asegura que, durante la Diada demostró zonas que oscilaban en una densidad baja (0,5 personas) y alta (3,5). De ser cierta la cifra de la Guardia Urbana, coincidente con la de la ANC, de un millón de personas, supondría una densidad de 8,2 personas por metro cuadrado. "Es como si dieran las cifras a bulto. En 2016, intentamos contactar con la Guardia Urbana para ver cómo hacían sus cálculos, pero nunca obtuvimos respuesta", explica a este diario el coordinador del Observatorio Electoral de Cataluña, Felipe Moreno, que ha dirigido este estudio.

En el informe se explica que, el pasado lunes, tanto las aceras, como la plaza de Catalunya, registraron una densidad media o baja, pues en algunos puntos se evidenciaron muchos huecos y la circulación libre no estaba dificultaba. Concluyen que, con un error estimado de +/- 21.578 personas, la Diada concentró a 220.418 personas repartidas en el cruce de Passeig de Gràcia/ Aragó (9.677), lado montaña (66.139), Besós (27.272), lado mar exceptuando plaza Catalunya (55.670), lado mar de plaza Catalunya (24.558) y el lado Llobregat (37.100).


Llamamiento de actores e intelectuales a no votar el 1-O



dijous, 14 de setembre de 2017

Modelo de denuncia ante notificaciones para participar en el referéndum ilegal del 1-O



AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN O A LA FISCALÍA

Don ….., vecino de ….., con domicilio en ……., y con D.N.I número ……. comparezco ante el Juzgado/Fiscalía y como mejor proceda en Derecho,

DIGO: Que por medio del presente escrito formulo

DENUNCIA por el presunto delito de uso indebido de mis datos personales. Que los hechos en los que se basa la presente denuncia son los siguientes: (Explicar qué se ha recibido.....)

Que estimo que los hechos relatados constituyen delito de transmisión indebida de mis datos personales, previsto en el Código Penal en su art. 197, con la intención de colaborar en la realización de un referéndum ilegal y prohibido expresamente por el Tribunal Constitucional.

En su virtud, SOLICITO AL JUZGADO/FISCALÍA

Que tenga por presentado este escrito de denuncia y se proceda a la averiguación y comprobación de los hechos, para que, tras los trámites legales oportunos, se enjuicie en su día a las personas implicadas en los mismos.

Es justicia que solicito, en ……. a …… de …… de 2017.


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ES NECESARIO ADJUNTAR LO QUE SE HAYA RECIBIDO (TARJETA CENSAL, NOTIFICACIÓN PARA ESTAR EN UNA MESA, ETC.). GUARDAR UNA COPIA Y QUE LA SELLEN AL PRESENTAR LA DENUNCIA.

Con relación a la Agencia Española de Protección de Datos hay que entrar en su web y rellenar este formulario siguiendo sus instrucciones.

Via Teresa Freixes




La democracia limita la política y la sujeta a la Ley

video

dimarts, 12 de setembre de 2017

Trump, Puigdemont y Coscubiela o como caerse del Guindo




Donald Trump será un impresentable en muchas cosas, pero ni ha dado un golpe de estado ni ha desobedecido las resoluciones judiciales que le han tumbado políticas importantes de su programa electoral (inmigración y prohibición de entrada en EEUU de personas provenientes de determinados países musulmanes). Tampoco nadie ha podido probar hasta el momento ninguna connivencia del mismo con Rusia para trucar las elecciones presidenciales del año pasado. Sin embargo, sigue siendo tratado por los medios de su país y los de casi todo el mundo como un nazi o un tarado.

Por el contrario, hay un presidente de gobierno en un rinconcito de la vieja Europa llamado Carles Puigdemont que ha decidido implementar su legítimo programa político -la independencia de Cataluña- no por los cauces constitucionales, democráticamente establecidos, sino saltándose la legalidad y desobedeciendo las resoluciones judiciales. Dicho sin tapujos: dando un golpe de estado.

Sin embargo, la corrección política sigue abominado del primero pero no del segundo, ante el que mantiene una posición equívoca, cuando no tolerante o cómplice. A Trump, por ser quien és, ya ha sido juzgado, sentenciado y condenado. Puigdemont, no. ¿Por qué? Pues porque lo consideran -no sin razón- un aliado para poder imponer también sus propios proyectos revolucionarios. Proyectos inconstitucionales e incompatibles con la democracia liberal.

Sólo cuando ese golpe de estado ha limitado sus derechos, protestan. O mejor dicho, nada de plural. En singular. Porque, de todos ellos, solo Coscubiela se atrevió a hacerlo. Peor todavía, una parte de su grupo parlamentario abandonó el hemiciclo cuando tomó la palabra.

Coscubiela emocionó -y se emocionó- porque recién caído del Guindo no le dio tiempo a 'racionalizar' su intervención. El problema es que se cayera del Guindo tan tarde, que durante tanto tiempo hubiese hecho el juego al nacionalismo.

Les había parecido bien el pacto del Tinell, el cordón sanitario contra un partido democrático, la conjura cómplice para arrojar al PP de la vida pública. Nada dijeron entonces y ahora se espantan de las consecuencias. El nacionalismo, como Gozila, se ha cargado de un manotazo y sin pestañear el edificio en el que reside la soberanía popular, el Parlemento. Qué horror, dijo el bueno de Coscubiela. Resulta que la fera ferotge eran los otros. Los tiranoicos eran quienes tenía a su lado, el Llach, la estaca, la estrellada, los pitos al Rey, la burla a las víctimas de la Rambla, la censura al pluralismo, la asfixia de la libertad. No quiere Coscubiela ese país para su hijo. Muchos padres catalanes tampoco lo querían, y lucharon contra los represores, reclamaron en la escuela, en el instituto, el derecho a decidir la lengua para sus hijos. Apenas nadie les escuchó. La mayoría tuvo que rendirse, o marcharse. Ahora es Coscubiela quien anuncia que se marcha, que deja la política, que resulta que el horror eran éstos, los suyos, sus socios, compañeros.

Es aquella paremia tan manida y tan perenne de la Biblia: ver solo la paja en ojo el ajeno y nunca la viga en el propio. Hasta que te caes -o te hacen caer- del Guindo.




dilluns, 11 de setembre de 2017

Menos de 200.000 personas han participado en la manifestación de la Diada






Capacidad física de la zona delimitada:


La Guàrdia Urbana de Barcelona cifra los asistentes en alrededor de un MILLÓN de personas.

Esa cifra es imposible, dado que la superficie a ocupar era de 201.322 m2 incluidos árboles y mobiliario urbano. Las fotos indican claramente la baja densidad de manifestantes en la mayor parte de la manifestación, exceptuando quizá la cabecera y algún otro segmento de la misma.

En base a estos presupuestos, creemos que el número de manifestantes está por debajo de los 200.000. Lo del millón es una fábula. Entre otras razones porque en el supuesto de máxima densidad teórica -4 personas por metro cuadrado- no se llegaría a los 800.000. No solo no se llegaría a esa cifra sino que muchas personas no podrían resistir mucho rato el hacinamiento.



¿Cuántos millones de manifestantes meterán esta Diada en los 200.000 m2 brutos de superficie delimitada?

Nadie duda que las manifestaciones de la Diada de los últimos años han sido probablemente las de mayor participación ciudadana que se recuerdan en Cataluña. Ni tampoco nadie duda de su impacto político.

Pero una cosa es creer que un proyecto político ha sacado a la calle a casi la tercera parte de la población de un territorio (28'6%) y otra muy diferente saber que la cifra real ha sido de apenas el 6% de la misma.

Saber la verdad no debería enojar a nadie, porque permite afrontar la realidad y no la ficción. A unos, para saber realmente el apoyo que tienen sin autoengañarse y, a otros, para calibrar mejor el reto político al que realmente se enfrentan.

Los medios han hecho dejación de su responsabilidad profesional y se limitan a marcar una supuesta equidistancia al publicar las cifras dadas por los organizadores y las cifras facilitadas por la guardia urbana.

Sin embargo, un còmputo aproximado y fiable no es tan difícil de realizar, especialmente desde que disponemos de instrumentos de medición al alcance de cualquiera (Google Maps, Google Earth...), así como de imágenes aéreas (fotos y videos) de las manifestaciones y concentraciones más importantes.

A pesar de ello, ningún medio lo hace. Entre otras razones porque exageraron tanto las cifras en el pasado que ahora no pueden publicar la verdad sin quedar en evidencia.

Para la Diada de este 11 de Setembre, los convocantes han delimitado el siguiente espacio urbano:
 


Si aplicamos las herramientas de Google para calcular su superficie, esta se estima en 201.322 m2 brutos, que incluyen espacios verdes y mobiliario urbano no ocupable



Vean ahora la superficie calculada en mapa topográfico para hacerse una idea más precisa del espacio a ocupar.



El cáculo mínimo sería de 1 persona por metro cuadrado y el máximo sostenible de 3 personas m2. Pero esa alta densidad, que incluso puede llegar a 4 personas m2, solo es registrable en las cabeceras. El promedio suele fijarse en 1,7 personas por metro cuadrado.

En base a estos presupuestos, en caso de llenarse completamente la zona delimitada con densidad mínima el número de asistentes alcanzaría los 200.000. En el caso de aplicarse el índice promedio de densidad, la cifra ascendería a unas 340.000. En caso de aplicarse el máximo teórico de densidad, el número de manifestantes que cabrían rozaría los 800.000.

Ésta tarde sabremos cuántos millones han cabido.





dissabte, 9 de setembre de 2017

Lista de todos los advertidos por el Tribunal Constitucional


- El presidente de la Generaliat, Carles Puigdemont.
- El vicepresidente del Govern y conseller de Economia, Oriol Junqueras.
- El conseller de Presidencia, Jordi Turull.
- El conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva.
- La consellera de Educación, Clara Ponsatí.
- El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull.
- La consellera de Gobernación, Meritxell Borràs.
- El conseller de Salud, Antoni Comín.
- La consellera de Trabajo, Dolors Bassa.
- El conseller del Interior, Joaquim Forn.
- El conseller de Cultura, Lluís Puig.
- El conseller de Empresa, Santi Vila.
- El conseller de Justicia, Carles Mundó.
- El conseller de Agricultura, Meritxell Serret.
- El secretario del Govern, Victor Cullell.
- La presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
- El vicepresidente primero del Parlament, Lluís Guinó.
- El vicepresidente segundo del Parlament, José María Espejo-Saavedra.
- La secretaria primera de la Mesa, Anna Simó.
- El secretario segundo de la Mesa, David Pérez.
- El secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet.
- La secretaria cuarta de la Mesa, Ramona Barrufet.
- El letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona.
- El secretario general del Parlament, Xavier Muro.
- La técnica de coordinación de la producción de publicaciones del Departamento de Ediciones del Parlament, Silvia Casademont.
- Los titulares y suplentes de la sindicatura electoral de Catalunya: Marc Marsal, Jordi Matas i Dalmases, Marta Alsina, Tania Verge, Josep Pagés i Eva Labarta.





divendres, 8 de setembre de 2017

Para ellos romper la legalidad es un valor en sí mismo




El narcisismo independentista es autista. No oye ni ve otra cosa que a sí mismo. Henchido de prisa y de épica ha tomado el atajo para romper la legalidad existente e imponer la suya. Su infantil excusa siempre es la misma: la vía legal es larga, difícil y no garantiza que nos salgamos con la nuestra. Necios. Si en 1975 hubiésemos pensado así, la transición pacífica de una dictadura a una democracia -probablemente lo más difícil en el arte de la política- no se hubiera producido. No por lo menos de una manera tan sensata y ejemplar.

Si los independentistas rompen la legalidad es, simplemente, porque quieren. Ayer, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, les reiteró lo obvio y que ellos, románticamente impermeables a la razón, siempre ignoran:
"...el acatamiento a la Constitución no implica, en modo alguno, que esta sea una ley perpetua o que pretenda serlo. En absoluto. Todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas. Y esa aspiración es legítima, está reconocida y está amparada por la propia norma. La Constitución se puede modificar, pero solo a través de las reglas y de los procedimientos previstos para ello; nunca mediante la desobediencia o la imposición antidemocrática e ilegal."
Para un demócrata ese es el único camino posible y deseable. Pero para ellos, no. Para ellos romper la legalidad es un valor en sí mismo. Es casi un imperativo moral. Forma parte de los 'genes', del ADN ideológico del nacionalismo supremacista y del izquierdismo comunistoide. Esta gente, cuándo se llena la boca de democracia, cuando pide más democracia, no está hablando de nuestra democracia, de la democracia liberal y representativa. Habla de la democracia popular, directa, corporativa, orgánica... Es decir, de su caricatura.

Una caricatura que, como la esperpéntica entrada de Tejero el 23-F en el Congreso de los Diputados, se ha desarrollado como un reality show en el Parlament ante los ojos de todo el mundo. Todos hemos podido ver en directo como los supuestos demócratas no han dudado en utilizar cualquier medio para alcanzar sus fines. En los dos días en que pretendían cambiar el mundo lo único que han hecho es cargarse el autogobierno de Cataluña, la dignidad de sus instituciones y los derechos de sus ciudadanos.

Puigdemont ha consumado, sobre el papel, su golpe de estado. Ha delinquido. Y con él, muchos otros cargos políticos de Cataluña. Ahora le toca a la Justicia y a la policía detener el delito. Y preventivamente detener a los delincuentes, puesto que ya han dicho que se declaran en rebeldía.

Puede que no sea fácil. Puede que algunos alocados intenten impedirlo. Pero, sea como fuere, los golpistas deben ser llevados ante la Justicia, dónde serán juzgados con todas las garantías que ellos tan vergonzosamente han negado a los diputados de la oposición.





'Sé lo que está en juego y lo que se espera de mí. Haré todo lo necesario, sin renunciar a nada'




Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia.

Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que acabamos de celebrar.

Después de haber recibido el preceptivo dictamen del Consejo de Estado y escuchado a los miembros del Gabinete, acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Referéndum que votó ayer el Parlamento de Cataluña.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado impugnar, también ante el Tribunal Constitucional, el decreto de convocatoria del referéndum firmado anoche por el presidente de la Generalitat y el decreto por el que se aprueban las normas complementarias para la realización del mismo.

Por último, recurrimos la resolución 807/11 del Parlamento de Cataluña por la que se designan cinco miembros de la Sindicatura Electoral.

En los recursos el Gobierno pide la nulidad de todos estos actos y que se decrete la suspensión de los mismos, a la espera de la correspondiente sentencia.

Asimismo, hemos solicitado que se notifique personalmente dicha suspensión al presidente de la Generalitat y a todo su Gobierno, a los principales altos cargos de la Generalitat relacionados, de una u otra manera, con la organización de ese referéndum y a los 947 alcaldes de Cataluña.

Se solicita, por último, al Tribunal que en esas notificaciones personalizadas se advierta a todos ellos de su deber de impedir o de paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum.

Estos acuerdos del Gobierno se unen a muchos otros que hemos venido adoptando en los últimos tiempos para evitar la celebración de un referéndum ilegal que rompería la soberanía nacional, liquidaría la convivencia pacífica que hemos compartido los últimos cuarenta años de vida democrática y acabaría también con el régimen de autogobierno de Cataluña.

Son muchas y muy sólidas las razones que amparan la decisión adoptada hoy y trataré de desgranarlas de manera ordenada y pormenorizada. Cada una de ellas justificaría por si sola la actuación del Gobierno; todas juntas constituyen un aldabonazo sobre los aspectos cada vez más autoritarios y antidemocráticos que presenta la actuación de los responsables de las instituciones de Cataluña.

La primera razón es, indiscutiblemente, hacer honor a nuestro mandato de cumplir y hacer cumplir la Ley.

El principio de legalidad es un presupuesto fundamental de cualquier sociedad civilizada. España es, desde hace cuarenta años, un país que convive en paz y conforme a unas reglas acordadas por todos. Vivimos de acuerdo con unas normas que nadie nos impuso, reglas del juego que fijamos todos los españoles en libertad y para seguir viviendo en libertad y en paz. Son unas normas democráticas que velan, no solo por los derechos de las personas, también por el control de las actuaciones de los poderes públicos y por el respeto a la pluralidad de la sociedad.

Insisto, el Gobierno, con su actuación, defiende el imperio de la Ley, que es la garantía de nuestra convivencia y de nuestra libertad.

Frente a esta voluntad democrática de los españoles, plasmada en sus normas, y singularmente en su norma suprema que es la Constitución, no existe ningún poder que pueda menoscabarla y ningún tipo de legitimidad alternativa.

Algo debe quedar muy claro: lo que no es legal no es democrático. En consecuencia, la principal responsabilidad de mi Gobierno y de cualquier Gobierno en el mundo, y en cualquier circunstancia, es hacer cumplir la Ley, porque así hace cumplir la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y se preserva la democracia.

Además, en este caso concreto de nuestro recurso contra el referéndum ilegal de autodeterminación que se ha convocado en Cataluña, estamos defendiendo un principio fundamental de nuestra convivencia: la voluntad de decidir entre todos el futuro de nuestro país. Esto es la soberanía nacional: todos decidimos sobre lo que a todos nos pertenece, que es nuestro país.

Nuestra Nación no es producto de ninguna imposición, ni una ocurrencia de última hora. Es el resultado de la voluntad y de los sentimientos de generaciones y generaciones de mujeres y de hombres que han querido vivir juntos en su innegable y enriquecedora pluralidad. Juntos hemos compartido nuestras vidas hasta hoy y así seguiremos haciéndolo en tanto en cuanto no decidamos, todos juntos, lo contrario.

Ni yo, en mi calidad del presidente de Gobierno, ni las Cortes Generales, ni ningún otro tipo de poder, pueden hurtar unilateralmente esa decisión que corresponde adoptar a todos y cada uno de los españoles.

En consecuencia, esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal no se va a celebrar.

No habrá referéndum de autodeterminación, porque supone privar al conjunto de los españoles del derecho a decidir su futuro. Como comprenderán, ni el Gobierno ni los Tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto.

Por si estas razones no fueran suficientes, les recuerdo, además, que la convocatoria del referéndum de autodeterminación supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas, y el Gobierno también se considera obligado a defender la dignidad de las mismas.

Todos los poderes públicos, todos, estamos obligados a guardar fidelidad a nuestra Constitución y a cumplir las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional. Ese deber de fidelidad constituye el soporte fundamental de nuestro Estado de Derecho y la clave de bóveda del pacto de convivencia que los españoles nos dimos hace cuarenta años.

Además, el acatamiento a la Constitución no implica, en modo alguno, que esta sea una ley perpetua o que pretenda serlo. En absoluto. Todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificadas. Y esa aspiración es legítima, está reconocida y está amparada por la propia norma. La Constitución se puede modificar, pero solo a través de las reglas y de los procedimientos previstos para ello; nunca mediante la desobediencia o la imposición antidemocrática e ilegal.

Les recuerdo que invité al señor Puigdemont a exponer sus demandas al conjunto de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados, para abrir un diálogo sobre las mismas. Nunca quiso hacerlo. Tampoco ha querido negociar ningún otro posible entendimiento que no pasara por la imposición de este referéndum que ningún presidente del Gobierno de España puede aceptar ni negociar.

Al recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes de convocatoria del referéndum de autodeterminación, el Gobierno también está defendiendo el autogobierno de Cataluña, la dignidad de sus instituciones y los derechos de sus ciudadanos.

Para empezar, se ataca el autogobierno de Cataluña cuando se ataca la Constitución, sobre la que se fundamenta y de la que nace su legitimidad; pero también se ataca la legalidad catalana cuando se ataca el Estatuto de Autonomía y cuando se pretende derogar de un plumazo y sin la mayoría prevista para abordar siquiera una reforma del mismo, que es de dos tercios.

Me refiero también al desprecio sistemático de los dictámenes y advertencias de sus propias instituciones, como el Consell de Garantías Estatutarias. Hablo de unas reglas electorales impuestas por mayoría simple, muy ajenas a las previstas en el propio Estatut para sus procesos electorales. Y, me refiero, por supuesto, a la liquidación de la práctica parlamentaria vigente desde la restauración de las instituciones autonómicas, que ayer saltó por los aires ante el estupor, la preocupación y el sonrojo de todos.

En cuanto al decreto de organización del referéndum que, como les dije al principio, también hemos recurrido y cuyo reglamento incumple todos y cada uno de los criterios internacionales sobre consultas populares, les ahorro los argumentos, entre otras razones, porque, como he dicho antes, esa consulta no se va a celebrar en ningún caso.

En definitiva, este recurso ante el Tribunal Constitucional es obligado; obligado por la necesidad de defender principios tan básicos en una democracia como son el principio de legalidad, la soberanía nacional, la dignidad de las instituciones y la propia legalidad autonómica de Cataluña.

Al hacerlo estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles, pero también, y sobre todo, de los propios catalanes cuya pluralidad y voluntad democrática ha sido menoscabada por la imposición de sus gobernantes.

Probablemente, nadie pudo imaginar jamás que asistiríamos a un espectáculo tan democráticamente deplorable como el vivido ayer en el Parlament. Todo el cúmulo de ilegalidades y arbitrariedades que allí se produjo es producto solo de un hecho: de la obstinación de unos políticos por imponer a la fuerza su proyecto de ruptura a la sociedad.

Por eso, los responsables de este proceso no han tenido reparo alguno en forzar las reglas de juego, aprobar leyes fantasmas, privar a la oposición de sus derechos o desobedecer las advertencias de sus propios letrados. Han pasado por encima de todo lo que constituye un sistema de contrapesos y de garantías democráticas.

En España se puede ser independentista, defender la ruptura de la soberanía nacional o proponer cualquier otra suerte de iniciativa política. Son aspiraciones que tienen su cauce en nuestras leyes para su expresión y para su defensa. Lo que no se puede hacer, y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo.

Lo que estamos viendo en los últimos tiempos tiene menos que ver con una demanda soberanista y más con un problema de libertades individuales y derechos fundamentales, que afecta a los valores que rigen en una sociedad democrática.

Por eso también quiero aprovechar esta ocasión para decirles a los ciudadanos de Cataluña y a sus funcionarios que estén tranquilos. Nadie les puede obligar a hacer nada ilegal. La Ley les obliga, pero también les protege y les defenderá frente a cualquier arbitrariedad.

Quiero también tener unas palabras de reconocimiento y de gratitud a los grupos políticos de la oposición en el Parlament y a los responsables de los servicios jurídicos de la Cámara autonómica, por el coraje que ayer demostraron en la defensa de la legalidad y de la dignidad de las propias instituciones catalanas. Han de saber que no están solos, sino que están arropados por todos los demócratas, dentro y fuera de Cataluña.

En política, la única batalla que se pierde inevitablemente es aquella que no se da. Ellos dieron ayer una batalla cuyo resultado estaba anunciado de antemano. Perdieron una votación, pero han obtenido una gran victoria política y han hecho un gran servicio a su sociedad y a la democracia. Han desnudado y puesto en evidencia ante Cataluña y ante todo el mundo la perversión antidemocrática de este proceso. Su actitud ha servido para que todos los catalanes hayan podido ver con claridad qué clase de régimen político pretenden imponerles.

En cuanto a los letrados de la Cámara o los responsables del Consell de Garantías Estatutarias, solo puedo decirles que gracias a ellos el Parlamento de Cataluña sigue siendo hoy una institución respetable.

A todos ellos, insisto, mi reconocimiento más sincero.

A los responsables de la Generalitat les digo que no sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional, que no menosprecien la fuerza de la democracia española, que asuman de una vez el fracaso de su proyecto político y abandonen este proceso cada vez más excluyente.

Ese referéndum no se va a celebrar. Dejen, por tanto, de intentar forzar la voluntad de la gente. No han conseguido imponer su proyecto al conjunto de los catalanes y, desde luego, no se lo van a imponer al resto de España.

La imagen de lo que ayer ocurrió en el Parlament ante los ojos de toda Europa y del mundo es uno de los mayores golpes que han recibido las instituciones catalanas en toda su historia. No sigan por ese camino, no liquiden sus propias instituciones. Escuchen y atiendan a lo que dicen sus propios órganos consultivos, y renuncien a imponer por la bravas aquello que no consiguen ganar en una buena lid democrática.

No sigan dividiendo a la sociedad catalana, dejen de acosar a los discrepantes y respeten los derechos de la gente. Dejen de poner las instituciones a su propio servicio.

Les pido que abandonen ya esa escalada de ilegalidad, de crispación y de autoritarismo, porque el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas ni a sus ilegalidades, simplemente porque no puede.

Voy terminando ya, pero no quiero hacerlo sin enviar un mensaje al conjunto de la sociedad española.

Entiendo la preocupación de mucha gente ante lo que está ocurriendo, entiendo su incertidumbre y su zozobra. Todos tenemos motivos para la inquietud, porque jamás en nuestra historia reciente hemos asistido a un ataque de esta naturaleza a nuestro pacto de convivencia.

Entiendo que muchos ciudadanos estén dolidos por declaraciones y actitudes injustificables e injustas. También soy perfectamente consciente del desasosiego que hoy pueden sentir tantos catalanes ante el naufragio institucional al que asistieron ayer.

A todos ellos les animo a que no dejen de sentirse vinculados y concernidos por lo que estos días se está dilucidando. No asistan a estos acontecimientos como algo lejano o ajeno a sus vidas. Son ciudadanos y se está hablando de su país, de sus derechos, de su futuro y de su convivencia. Son todas ellas cuestiones de vital importancia. Les deben preocupar y mucho.

Pero también es mi obligación decirles que pueden mantener la confianza en sus instituciones y en su democracia. Nadie, nadie, va a vacilar a la hora de cumplir con su deber. La democracia responderá, no tengan la menor duda. Lo hará con firmeza, con aplomo, con serenidad y con dignidad.

Nuestro Estado de Derecho puede parecer a veces lento, a veces tímido frente a la osadía de quienes lo desafían, a veces desconcertado por su propia pluralidad frente al monolitismo impuesto por otros; pero esas apariencias no deben llevarnos a engaño. Tenemos una gran fortaleza interior que aparece en los momentos necesarios. Es la fuerza de la concordia con la que hemos cimentado nuestra convivencia democrática, es la fuerza de la unidad de los demócratas, es la fuerza de la democracia.

Quiero agradecer sinceramente la disposición y la lealtad de los partidos que defienden nuestro orden constitucional y el apoyo que han mostrado al Gobierno en estas circunstancias tan difíciles. Creo que esa actitud también es motivo de tranquilidad para todos. Esa unidad contrasta vivamente con la fractura que ayer vimos reflejada en Cataluña.

Esta es una de esas ocasiones en la que los políticos responsables hemos de ser capaces de elevarnos sobre las pequeñas disputas de cada día para unirnos en lo fundamental. He trabajado y seguiré trabajando para mantener esa unidad y esa lealtad recíproca a la hora de hacer frente a esta situación. No tengo duda de que el resto de líderes tendrá el mismo comportamiento.

Termino ya.

Creo firmemente que todos estamos dando la respuesta serena, pero firme y eficaz, que se precisa y les pido que nos apoyen y que nos acompañen en esa tarea, y les garantizo que soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento. Soy muy consciente de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí y sé cuáles son mis obligaciones, y les puedo asegurar que no he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo.

España va a seguir siendo ejemplo en el mundo de que es posible convivir con éxito en la unidad y en la diversidad. Vamos a demostrar que la democracia española, libre y pluralista, sabe defenderse de los enemigos de la convivencia y lo vamos a hacer bien, que es como hay que hacer las cosas. No tengan ninguna duda.

Muchas gracias.

dimecres, 6 de setembre de 2017

El día en que un Govern acabó con la democracia en Cataluña





Dictamen del consell de garanties estatutaries

Texto de la comunicación de los letrados del Parlament a la Mesa



Texto de Ley de Referéndum de Autodeterminación de Cataluña


Normas complementarias para la celebración del Referéndum



dilluns, 4 de setembre de 2017

De cómo Gobiernos y ONG incentivan el tráfico de seres humanos en el Mediterráneo




Según un informe del subcomité de asuntos exteriores de la Cámara de los Lores británica, la operación Sophia ha sido contraproducente porque ha generado un incentivo para que los traficantes envíen más embarcaciones. Sus organizaciones ya no planifican viajes de largo alcance con la intención de alcanzar territorio europeo, sino que se limitan a alejarse de Libia lo suficiente para que los recoja alguien. El resultado es que, en comparación con 2014, los rescates de migrantes han ido alejándose más y más del Canal de Sicilia para ir acercándose a la costa de Libia.

Además, la práctica de destruir las embarcaciones de madera enviadas por los traficantes ha llevado a que los estos usen ahora embarcaciones neumáticas, más baratas y más peligrosas. Las embarcaciones neumáticas tienen una quilla escasa, por lo que son poco aptas para la navegación en alta mar y carecen de protección ante las inclemencias del tiempo; así que, aunque el trayecto sea corto, es muy penoso. Dada su escasa autonomía, quienes van en ellas están condenados a la muerte si nadie les recoge. La práctica es tan extendida que un portal chino de comercio mayorista por internet ofrecía hasta hace poco “botes para refugiados de alta calidad”. La Unión Europea reaccionó el 17 de julio prohibiendo la venta de embarcaciones neumáticas y motores fueraborda a Libia.

A los esfuerzos de la UE se sumó una flotilla de buques fletados por ONG dedicados exclusivamente al rescate de personas. Según David Noguera y Marco Bertotto, de Médicos Sin Fronteras, el problema con las misiones europeas es que no tienen como objetivo primario el rescate de personas. Según sus datos, frente a la teoría del efecto llamada, los momentos de mayor salida de migrantes desde Libia a Italia no han coincidido con los de mayor actividad de los buques de las ONG en la zona y el flujo hacia Libia tiene más que ver con las dinámicas de los países de origen. Además, apuntan a que las mafias envían ahora a los migrantes en embarcaciones neumáticas de corta autonomía por los despliegues de la UE, que exponen a los traficantes a ser detenidos en alta mar.

El papel de la flotilla de las ONG es bastante controvertido, porque presentan su trabajo como el de rescate de personas en peligro en alta mar cuando en la práctica, como puede comprobarse con los datos de GPS que proporciona el Sistema de Identificación Automática, se limitaban hasta hace poco a dar vueltas en una franja muy estrecha frente al litoral libio. De hecho, se ha documentado que algunas de ellas actúan en connivencia con las organizaciones de tráfico de personas, que se limitan a alejarse de la costa, hacer el transbordo de pasajeros y volver a tierra. Es decir, no se trata de un rescate de náufragos o de personas en peligro, sino un simple barqueo de migrantes, que luego son desembarcados en Italia con el estatus de náufragos, según las leyes marítimas internacionales.

Leer el artículo completo, aquí





¿Existen alternativas al 155?

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su actual redacción cuenta, como el resto de órganos de control de constitucionalidad que existen en las democracias, con instrumentos que le permiten hacer efectivas sus decisiones. Evidentemente no son idénticos en todas partes. Nuestra LOTC otorga a las sentencias la cualidad de título ejecutivo y, para asegurarlo, en dependencia del caso, a partir del incidente de ejecución, puede imponer multas coercitivas (entre tres mil y treinta mil euros por cada incumplimiento), acordar la suspensión cautelar en sus funciones de las autoridades que incumplan las decisiones, requerir del Gobierno la ejecución sustitutoria de las resoluciones o levantar testimonio a particulares para exigir la responsabilidad penal procedente. El Tribunal Constitucional tiene que escoger la medida, o medidas, que crea adecuada al caso, ya sea la multa, la inhabilitación, el requerimiento al Gobierno para la ejecución sustitutoria o el reenvío a la jurisdicción penal. Todo ello respecto de las personas concretas relacionadas con el incumplimiento.

Por último, en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, se cuenta con mecanismos muy valiosos para poder hacer frente a contingencias que bien pudieran producirse en los próximos meses. La ley permite actuar, entre otros supuestos, en defensa de los derechos y libertades y de los principios y valores constitucionales. Todas las administraciones públicas (autonómicas y locales incluidas) y la sociedad en general, están sujetas a las medidas que puedan adoptarse regulando la gestión de situaciones de crisis. Para ello, la ley permite que el Presidente del Gobierno declare por decreto la «situación de interés para la seguridad nacional», por la que cualquier autoridad (estatal, autonómica o local) está obligada a aportar los medios humanos y materiales dirigidos a una efectiva aplicación de las medidas enumeradas en la declaración. Con ello, el Gobierno puede tomar el control directo de cualquier situación de crisis sin necesidad de recurrir a la declaración de estados excepcionales. Hay que señalar también que, según el Tribunal Constitucional (STC 184/2016, sobre esta misma Ley) es el Estado quien coordina, es decir, quien tiene la dirección política sobre la seguridad nacional, como materia subsumida en la seguridad pública. Las Comunidades Autónomas no dirigen la coordinación sino que son coordinadas. Medidas tales como el control directo de cualquier órgano de cualquier administración, funcionarios o policías por poner un ejemplo, que tendrán que actuar bajo la dirección de quien designe el Gobierno español, son posibles al amparo de esta ley. | TERESA FREIXES


Así respondió el gobierno de la República al golpe de Companys del 6 de octubre proclamando la República catalana: declaró el estado de guerra en todo el país



Dictamen íntegro de la Comisión de Venecia sobre la LOTC

Teresa Freixes:
La crítica de la Comisión de Venecia a la actual redacción de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, regulando las potestades de este Tribunal para dar ejecutividad a sus sentencias, cuando se analiza el texto completo, no el abstract que la acompaña, va dirigida a que podría haber incluido potestades más ejecutivas, es decir, que la Comisión la considera "tibia" e, incluso, introduce "recomendaciones" para que la ejecutividad sea mayor.

La Comisión reconoce que los Estados tienen que poder tener instrumentos dirigidos a garantizar el cumplimiento de las sentencias y afirma, como no puede ser de otro modo, que deben ser compatibles con las garantías establecidas en el marco internacional. Pues bien, en ningún momento la Comisión, tras comparar con regulaciones de otros Estados, considera que la LOTC española es incompatibles con ellas.

La confusión que crearon varios medios de comunicación al respecto deriva de que se hicieron eco de la noticia a partir de la nota de prensa, sin esperar a tomar conocimiento del Dictamen íntegro.

Aquí lo tienen


diumenge, 27 d’agost de 2017

El autismo nacionalista


El nacionalismo tribal y la izquierda regresiva presumen que Cataluña y su capital Barcelona son un modelo de sociedad solidaria, acogedora y diversa. Una sociedad abierta. Pero la asonada del sábado en el Paseo de Gracia evidencia, por el contrario, que una parte de la sociedad catalana es, cada vez más, autista. Una sociedad que los nacionalistas de casi todos los partidos empujan insistentemente hacia el egocentrismo y el ensimismamiento, convirtiendo la sociedad abierta en un espejismo.

La manifestación debía ser, en primer lugar, un acto de respeto, recuerdo y homenaje a las víctimas. Y en segundo lugar, un mensaje inequívoco de denuncia de sus asesinos. No fue ni lo uno ni lo otro, a pesar de la que la gran mayoría de los manifestantes resistieron la provocación. Fue un acto de irrespeto, desvergüenza, demagogia y calumnia por parte de los secesionistas y sus aliados. Fue una exhibición de narcisismo nacionalista,

Concibieron la manifestación como un peldaño más en su golpe de Estado. Ignoraron los motivos de la misma y sus exigencias. ¿Cómo se les iba a ocurrir, por ejemplo, llenar la cabecera de la manifestación con las 34 banderas de los países de las víctimas si sólo estaban pensando en colocar la suya? La estelada bananera que nos quieren imponer a todos en lugar de la histórica y constitucional senyera.

Tampoco se les ocurrió invitar formalmente a representantes oficiales de aquellos países que han tenido víctimas en nuestras Ramblas, ni a las instituciones europeas. Por el contrario, quisieron impedir la presencia de personalidades e instituciones que representan al conjunto del estado español, que fueron relegadas y acosadas por ser quienes eran.

Utilizaron a las víctimas, que de supuestos protagonistas del acto pasaron a ser telón de fondo de sus intereses partidistas, e ignoraron a sus asesinos. Como si se hubieran muerto porque sí. Las humillaron en su dignidad al salvaguardar la mano que mueve a sus verdugos.

Cuando muere una mujer agredida por su pareja, lo que más se destaca es el machismo asesino. Pero cuando, en nombre de Alá, aplastan la vida a un simple ciudadano y a su sobrino mientras paseaban por las Ramblas, eluden siempre señalar que murieron en nombre de una religión.

Una labor de propaganda ha logrado despistarnos y hacernos disociar los atentados de cualquier aspecto religioso. Hoy, ya nadie se plantea el papel del Islam en la ideología del Estado Islámico. La comedura de coco ha sido tal que todo el mundo acepta que no hay que cuestionar “el hecho religioso en sí”. Éste se impone a todos, y aquellos que se atreven a ponerlo en entredicho son tachados de burdos anticlericales de otra época.

Pero como a pesar de todo hay que dar una explicación a los atentados, se nos sirve como sucedáneo la geopolítica. Las causas de todos los atentados serían la guerra en Irak, el petróleo, la política de Obama, de Trump, y todo un conjunto de razones que, si bien no carecen de cierto interés ni pertinencia, tienen el gran mérito de evitar que se hable de religión y, sobre todo, de la musulmana.

A menudo se contrapone el Islam con el islamismo. Como si estas dos concepciones religiosas fuesen dos planetas extraños el uno respecto al otro. Para ahorrar a los musulmanes moderados la afrenta de vincular su fe a la violencia yihadista, se ha disociado metódicamente la religión musulmana del islamismo. Sin embargo, el islamismo forma parte del Islam.

Cuando se critica la Inquisición y sus crímenes, no se desgaja ese fanatismo del resto de la Iglesia católica. Aunque muchos cristianos denunciaron la Inquisición, ésta es un elemento del cristianismo y de la Iglesia. Por ello, siglos más tarde, el papa Juan Pablo II se sintió obligado en 2000 a hacer votos de arrepentimiento por los crímenes cometidos en nombre de la Inquisición; en nombre del cristianismo. [Extracto del editorial de Charlie Hebdo sobre los atentados de Barcelona] 

Como el islamismo, el nacionalismo es un cáncer político. Pronto sabremos si hay metástasis o si el cuerpo social ha reaccionado, aislándolo y conteniéndolo. Soy de los que creen que al final no pasará nada grave. Pero no por optimismo antropológico, sino porque el pueblo catalán ha sido siempre lúcidamente cobarde.